Por segunda ocasión en 10 días, un tribunal guatemalteco ordenó la extradición a México del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, surgido de las filas del PRI.

Es el segundo pedido de extradición que Duarte acepta en el mismo lapso. Hacerlo significa que México no puede juzgarle por otros delitos más que los especificados en ambos pedidos de extradición, según el tratado en esa materia que Guatemala y México firmaron en 2005.

“He decidido allanarme al pedido de extradición formal de México en relación con los delitos federales, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos”, dijo Duarte este martes 4 ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala. “Es mi deseo así acreditarlo ante la Federación de mi país”.

El anuncio del exgobernador pone en marcha el proceso de extradición que aceptó el martes 27 de junio por delitos estatales ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, que se suspendió hasta que se resolviera el proceso por cargos federales.

El abogado guatemalteco de Duarte, Carlos Velásquez Domínguez, dijo que el exgobernador podría regresar a México en tres o cuatro semanas (15 a 18 días hábiles).

Las resoluciones de los tribunales deben ser enviadas a la Corte Suprema de Justicia para su notificación, que luego las envía al Ministerio Público (MP). Éste a su vez notifica a la Cancillería, y ésta a la Embajada de México para gestionar el traslado del exgobernador al vecino país del norte.

Un oficial del tribunal dijo que un factor de retraso podría ser que Duarte necesite un pasaporte válido para salir de Guatemala. El subdirector general de Investigación Criminal, Stu Velasco, de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que incautaron al exgobernador varios documentos después de su captura el 15 de abril, pero no reveló de cuáles se trataba.

Horas después de la captura, la PGR reveló que Duarte entró al país por tierra y en un “punto ciego”. Es decir, ilegalmente. No obstante, su esposa Karime Macías y sus hijos sí ingresaron a Guatemala con pasaportes originales.

La decisión devolverá a Duarte a suelo mexicano casi a un año y medio de que concluya el sexenio actual de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, por ahora poco indica que este contexto haría alguna diferencia cuando sus excolaboradores también acusan al exgobernador de actos de corrupción, incluso dentro del Comité Directivo Estatal del PRI.

El pasado 19 de abril Duarte escuchó cómo los cargos federales se sustentaban, entre otras evidencias, en una declaración de José Juan Janeiro Rodríguez, abogado fiscalista y su presunto cómplice, quien reveló cómo el exgobernador adquirió varias propiedades en México, incluyendo tres apartamentos por un valor aproximado de un millón de dólares cada uno.

La PGR también encontró vínculos indirectos y directos en la comisión de delitos tras la adquisición irregular de propiedades entre Duarte y el empresario Moisés Mansur Cysneiros, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Alfredo Ortega López, y al menos otros cinco implicados, entre ellos Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada de Duarte.

El MP presentó 19 pruebas como respaldo de la acusación y que incluyen un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y escrituras de inmuebles asegurados en Veracruz, Estado de México, Campeche y Guerrero.

El fiscal Alejandro Guzmán también enumeró entre las pruebas documentos que registran el uso de fondos estatales con fines privados por parte de Duarte y su esposa, que incluían transacciones que involucran 21 parcelas ejidales en Veracruz.

Sin embargo, el exgobernador calificaría la información como falsa. “No aparece mi nombre en el Registro Nacional Agrario, en ninguna prueba, ni de familiares directos”, afirmó. “No soy, nunca he sido ni seré ejidatario”.

Según la PGR, por medio de un testaferro, Duarte tuvo acceso a 151.1 millones de pesos por medio de la compraventa fachada de otros ocho terrenos.

Entre las pruebas también hay transacciones bancarias y la documentada compra por medio de un testaferro de un yate a una empresa estadunidense.

Detalles de esta operación los documenta un reporte del Departamento de Justicia estadunidense por medio del oficio DOJ-182-55-757, la prueba número 12 del proceso.

Estas pruebas, entre otras, respaldaron el pedido de extradición por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusación que consta en el proceso 38-2017 del 9 de marzo pasado, originado en una judicatura de Xalapa, Veracruz.

El fiscal Guzmán dijo que la investigación que respalda el pedido de extradición está basada en ley, que no incluye delitos de índole política, y por eso solicitó al tribunal que aprobara la extradición.

No obstante, Velásquez explicó que la acusación “no demuestra una relación de causalidad ni participación” de su defendido. El abogado subrayó que, aunque Duarte aceptó la extradición, quisieron manifestar que no se probó su vinculación.

Y justificó la acusación en que su cliente es un personaje público y por ende tenía adversarios que querían perjudicarle. “La solicitud de extradición es infundada y no tiene sustento jurídico”, argumentó.

Julia Barrera, portavoz del MP en Guatemala, explicó que una vez que la extradición está en curso en un tribunal guatemalteco, es porque cumple con los requisitos del tratado de extradición con el país solicitante.

El abogado subrayó que el tratado garantiza que una vez que sea extraditado Duarte, sólo sea juzgado por los delitos que sustentaron los pedidos de extradición.

El pasado 27 de junio, frente al Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Duarte también aceptó ser juzgado por delitos de incumplimiento al deber legal, tráfico de influencias y peculado, acusación que consta en el proceso 56-2017, del 30 de marzo pasado de la misma judicatura en Veracruz.

El mismo se sustenta en que Duarte utilizó un helicóptero del gobierno de Veracruz dos días después de haber recibido licencia para dejar el puesto, y en la transferencia irregular de 220 millones de pesos mexicanos para programas de saneamiento de agua, y servicio de alcantarillado, entre otros servicios, cuando era gobernador. El exmandatario negó su responsabilidad en estos cargos.

Al final de la audiencia del pasado 27 de junio, el abogado guatemalteco de Duarte dijo que no esperaba que su cliente fuera extraditado antes de ocho meses. Este es el lapso mínimo transcurrido en extradiciones por narcotráfico en las que el extraditable no se opone al proceso. No obstante, Velásquez estima que ello ocurra antes de agosto próximo.

Según registros del MP, al menos 28 extranjeros han sido extraditados desde 2014 hasta la fecha, tres de ellos mexicanos. Estos casos no incluyen extradiciones por narcotráfico, cuyo trámite es más demorado.

Un ejemplo es el del mexicano Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, jefe de una célula Zeta en Guatemala. Fue capturado en abril de 2008 por participar en la matanza de 11 personas un mes antes en ese país.

Un tribunal guatemalteco lo condenó a 47 años de cárcel en 2010, pero los recursos que presentó le permitieron que la Corte de Constitucionalidad habilitara a la Sala de Apelaciones con el fin de que permitiera cumplir la sentencia en México. Rojas fue extraditado en marzo de 2015, siete años después de ser capturado.

Mientras tanto, Duarte permanecerá en la cárcel de Matamoros, en la capital de Guatemala. Velásquez dijo que sus condiciones de encarcelamiento no cambiarán. El exgobernador está recluido en una celda individual de 3.50 metros cuadrados, como otros 25 reos en ese penal, una instalación de máxima seguridad.