Doblan las manos a Grupo México; crea fondo con 2 mil mdp para reparar daños en Sonora

Los desechos tóxicos en el río Sonora.
Los desechos tóxicos en el río Sonora.

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal le dobló las manos a Grupo México al anunciar hoy que el consorcio propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, creará un fideicomiso con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos para subsanar las afectaciones provocadas por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
En conferencia de prensa, en la que participaron también el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, detalló que las subsidiarias Buenavista del Cobre y la Operadora de Minas se comprometieron a reparar en su totalidad el daño por el derrame y a las personas afectadas, como lo anunció en la víspera el asesor de la presidencia del Grupo México, Horacio Sánchez Unzeta.
“En caso de que el monto de 2 mil millones de pesos no sea suficiente, las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras de Grupo México aportarán la cantidad adicional que se determine”, puntualizó.
Asimismo, el funcionario dijo que la reparación de los daños se llevará a cabo de manera inmediata, con base en los resultados que dé a conocer el Comité Técnico encargado de evaluar las reclamaciones que realicen las personas afectadas.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó por su parte que el fideicomiso “no implicará recursos fiscales del gobierno”. Todo será aportado por Grupo México.
Y el titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Castillejos, explicó que los 2 mil millones de pesos no son el monto total del daño, se trata de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones.
“Esta obligación que asume la empresa va más allá de la ley federal de responsabilidad ambiental, porque se está incluyendo reparación de daños materiales”, dijo.
Castillejos indicó que Grupo México asumió la obligación de que “corregir procesos, corregir acciones, corregir formas de actuar para evitar cualquier daño a la población”.
Cancelan encuentro Osorio Chong-Padrés
Por la mañana, en declaraciones a Radio Fórmula, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, confirmó que este viernes se reunirá con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para atender la contingencia generada por el desastre ecológico provocado por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
La reunión se acordó luego de que Padrés solicitó apoyo al presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar la crisis humanitaria que padecen alrededor de 23 mil personas de los municipios de Aconchi, Arizpe, Ures, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Baviácora.
“Lo importante en este momento es atender a la gente del río Sonora, no es tiempo de estar litigando en los medios de comunicación; vamos tomándonos de la mano, no sólo para enfrentar la remediación, sino para abrir un frente común contra el principal responsable, que es Grupo México, puntualizó el gobierno estatal en un comunicado.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado por la tarde en la que confirma que dicho encuentro no se llevará a cabo “hasta en tanto no existan las condiciones necesarias para un diálogo constructivo y respetuoso”.
En la entrevista, Padrés Elías, quien en días pasados corresponsabilizó a los delegados estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del desastre ecológico, comentó que el problema de fondo es la contaminación de los ríos.
Y refirió que, como lo dijo ayer en un desplegado dirigido a Peña, Sonora y los afectados “nos necesitan unidos, trabajando hacia el mismo fin”.
Sobre la supuesta negligencia en que incurrieron los delegados federales de las dependencias señaladas, porque –según dijo el gobernador– no cumplieron con su responsabilidad de verificar la aplicación de las normas de funcionamiento de la mina Buenavista del Cobre, evitó entrar en polémica y manifestó que todo eso se tratará de forma institucional con Osorio Chong.
Respecto de su exigencia de destituir al titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, así como a los delegados de esa dependencia, de la Semarnat y de Conagua, reconoció que es facultad del presidente de la República tomar la decisión de removerlos de sus cargos.
Ayer, en un desplegado al que tituló “Sonora alza la voz”, Padrés aseguró que los funcionarios federales encargados de prevenir y corregir el derrame tóxico de la mina de Grupo México “fallaron y le siguen fallando a los más de 23 mil sonorenses” que viven en las márgenes del Río Sonora.
Precisó que hay pruebas documentales y testimoniales en poder de los alcaldes de Cananea y Arizpe, y de habitantes de la región cercana a la mina, “que denunciaron meses antes el riesgo inminente de un derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, y no fueron escuchados, ni por Profepa, ni por Conagua, ni por Semarnat”.
Señaló además que tras el derrame, “estas instancias de su gobierno, específicamente los delegados, nos han dejado prácticamente solos a los sonorenses”.
En respuesta a esos señalamientos, el gobierno federal salió en defensa de sus funcionarios y le recordó a Padrés Elías que es decisión del Ejecutivo su designación.
“Es preciso enfatizar que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en aquel estado (Sonora) es facultad exclusiva del presidente de la República y no del gobernador de aquel estado”, subrayó en conferencia de prensa Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal.
Y exhortó al mandatario estatal “a redoblar esfuerzos y colaborar con la Federación en beneficio de los sonorenses”.
Además, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, ordenó ayer una investigación para saber si la presa que se ubica en terrenos del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cuenta con los permisos de construcción respectivos.
En conferencia de prensa, el funcionario federal precisó que se realizará una visita de inspección para saber si también hay afectaciones a terceros.
En caso de que no se cuente con los permisos o concesiones se actuará conforme a la ley para su clausura, subrayó Korenfeld, luego de que los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acusaron al gobernador de Sonora de construir de manera ilegal una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia.
El pasado miércoles 10, la Profepa interpuso una denuncia penal contra la minera Grupo México por la crisis ambiental que causó en Sonora.
“Hemos entregado ya a la PGR (Procuraduría General de la República) los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas”, confirmó el titular de la dependencia, Guillermo Haro.
En conferencia de prensa, señaló que la investigación indica que el derrame ocurrió por la falla de una contratista de la minera que no la supervisó. Y mencionó que el próximo lunes 15, de acuerdo con sus investigaciones, se podrían anunciar nuevas medidas de seguridad que pudieran implicar la clausura provisional o definitiva de otras instalaciones de la mina Buenavista del Cobre.
“La PGR informará de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad (de los) directivos de la empresa”, expuso.
Haro sostuvo que entregaron los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas y también “el peritaje que confirma que el fallo en el llamado tubo, en la tubificación que presentó, y el derrame, se produjeron por una falla técnica, totalmente atribuible a la empresa contratista y a la propia minera, que tiene la obligación de revisar el trabajo de quienes están a su servicio”.
Agregó: “La Procuraduría General de la República está trabajando en los dictámenes, está tomando declaraciones y seguramente informará en su oportunidad de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad de los presuntos responsables, directivos de la empresa”.
 

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