Las demandas de justicia por los crímenes de Iguala llegaron a Berlín de la mano de Abel Barrera, abogado que representa a los padres de las víctimas. Su paso por Alemania estará acompañado de protestas de solidaridad.
La llegada de Abel Barrera, fundador y director de la organización pro derechos humanos, Tlachinollan, coincidió con la advertencia lanzada por el Ministerio alemán del Exterior, que urge a sus ciudadanos a evitar viajes al estado de Guerrero. Barrera, cuya organización acompaña legalmente a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llegó por invitación de organizaciones pro derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional (AI) sección alemana. Un debate convocado por la organización para dar visibilidad a lo que ocurre en Guerrero, tuvo un fuerte poder de convocatoria a juzgar por el auditorio repleto en el Memorial del Muro de Berlín, con un público mayoritariamente joven.
Barrera reconoció que no era el mejor momento para venir a Alemania cuando los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa viven lo que calificó como “una pesadilla, un infierno”. Relató cómo desde hace 20 años su organización documenta la persecución de la que son víctimas las comunidades indígenas en las montañas de Guerrero. Desde entonces los abogados de Tlachinollan son testigos de cómo se construyen las candidaturas políticas con dinero del narcotráfico. “La nómina de los policías de Iguala la pagaba el grupo Guerreros Unidos. En Iguala y en Cocula se reproduce lo que sucede en el país, la compra de elecciones, la narcopolítica”, dijo el portador del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en 2011.
El gobierno se lava las manos
Maja Liebing, responsable para América Latina de Amnistía Internacional, destacó que desde el 2006 tiene lugar en México un grave deterioro en materia de derechos humanos. A raíz de la desaparición de los estudiantes la organización se reunió con responsables de la Embajada de México en Alemania. El discurso oficial es que las desapariciones tienen que ver con la criminalidad organizada, pero el gobierno federal no es responsable. “Lo cual no compartimos”, señala Liebing y destaca “la intervención tardía del gobierno central en las investigaciones, y que el desarrollo de éstas que no corresponde a los estándares internacionales”.
La experta de AI destacó la convicción de que los señalados como los autores intelectuales del crimen de Iguala, el ex-alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron torturados durante su detención para arrancarles la confesión. Amnistía Internacional ha tomado a México entre cinco países a nivel mundial en su campaña contra la tortura. “Aunque el Estado mexicano ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra La Tortura, hay una discrepancia entre las leyes y la realidad. México tiene una figura penal conocida como “arraigo”, que niega a los detenidos todo contacto con abogados, se encuentran sin protección”.
Las declaraciones de la representante de Amnistía Internacional coincidieron con un informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, en el que señala que la tortura es una práctica generalizada en México en un contexto de impunidad. El informe enviado hace dos días a la Cámara de Diputados advierte que la tortura y los malos tratos ocurren con la finalidad de castigar o extraer confesiones o información de los detenidos.
Escrutinio internacional
Según los indicios registrados por Tlachinollan también fueron torturados los tres detenidos que confesaron la masacre de los estudiantes, que aseguraron que los jóvenes fueron asesinados, sus cuerpos rociados con diesel y calcinados. “Uno de ellos presentaba golpes en la cara, se nota que hubo un trabajo con la intimidación y la tortura para obtener la confesión. Fue una historia armada bajo tortura. Por eso se pedía a expertos internacionales que participen en las investigaciones, necesitamos un escrutinio internacional”, destacó Barrera.
El activista reiteró que la policía en México no genera confianza en la sociedad. Barrera contó que los videos que muestran las confesiones de los detenidos, supusieron un suplicio para los padres de los jóvenes. “Se pidió a la PGR que no los difundieran, pero ellos dijeron que era su obligación informar a la sociedad”. Sin embargo las revelaciones generaron un gran malestar dada la ineficiencia de las investigaciones, la tardía reacción del gobierno federal, y la incapacidad de las autoridades para asumir su responsabilidad.
Barrera recordó como las autoridades bloqueron las investigaciones. “Durante una desaparición las primeras 48 horas son decisivas, pero las autoridades no hicieron nada. El ejército estaba cerca del lugar en donde los jóvenes fueron agredidos, los soldados estaban ahí para atacar al crimen organizado, pero cuando intervinieron, fue para robarles a los muchachos sus teléfonos celulares”.
Este fin de semana se esperan en Berlín manifestaciones de solidaridad con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. (Deutsche Welle)