Develan mafia agraria en ejido indígena
Hartos de ser engañados por el Yori, en quien habían confiado 11 años atrás cuando aceptaron firmar un contrato de desmonte por el usufructo sin costo de más de 100 hectáreas y de las cuales ahora pretende apropiarse con tretas legales y bajo el amparo del ex gobernador Mario López Valdez, la comunidad de ejidatarios indígenas de El Pochotal se convirtió en valla humana y bloqueó la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte para exigir la intervención gubernamental.
Cinco horas después de comenzado el bloqueo, los indígenas consiguieron que el secretario de gobierno, Octavio Ruiz Fonseca se comprometiera atenderlos en las próximas 24 horas. Cumplido el plazo, las partes se reunieron en la arboleda y a Ruiz Fonseca le arrancaron la promesa de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no actuaría en contra de los indígenas, tal y como el antecesor Mario López Valdez los arremetió en el 2016, incluyendo botas y fusiles de la Policía Ministerial del Estado, y hasta agentes del Ministerio Público del Fuero Común, para intimidarlos con enviarlos a la cárcel si persistían en reclamar su derecho y oponerse al interés de un agricultor aspirante a terrateniente.
La comisariada ejidal Maria de los Ángeles Usacamea Valenzuela pidió que el Gobierno de Ordaz se mantenga ajeno e imparcial al conflicto agrario, pues este 1 de agosto (martes) tomarán en posesión 121 hectáreas que el civil Anibal Antonio Miranda ha retenido indebidamete, amparado en un contrato apócrifo.
Ruiz Fonseca respondió: “Si hay intención de ustedes de tomar una acción a partir del primero de agosto, pues la van a tomar, el gobierno del estado no es un represor, va a agotar los diálogos, por eso estamos aquí”.
Usacamea Valenzuela recordó que antel del conflicto, las relaciones con Miranda eran tersas. En ese periodo del 2006 firmaron un contrato de usufructo con éste de más de 100 hectáreas a cambio de desmonte. El contrato concluía en el 2012.
Pero en la víspera, aparecieron actas ejidales en las cuales la comunidad cedía a Miranda 150 hectáreas y posteriormente le reconocían ser avencidado, sin serlo realmente. Con esa acta apócrifa creó cuatro actas de asambleas más que se realizaron en forma simultánea para autoconvertirse en ejidatario, lo mismo que a su esposa y a dos de sus hijos para adquirir tierras de uso común, cuyo destino pretendió redireccionar, demandando la nulidad del acta de asamblea en la que el Registro Agrario Nacional cumplió con el Programa de Certificación Agraria (Procede).
El caso pasó al Tribunal Agrario Número 27 de Guasave, asignándole el expediente 32/2008 y cuyo magistrado presidente anuló la asamblea del Procede reconociéndole a Miranda los derechos agrarios. Sin embargo, los índigenas se amparan y tramitan el juicio administrativo 669/2009-IV, cuyo juez anula la sentencia del Tribunal Agrario y desecha el caso por improcedente.
Miranda no claudica y el 25 de noviembre del 2012 intenta otra acción de reconocimiento de posesión de 104.66 hectáreas a lo que los ejidatarios se oponen, pero no inician ningún procedimiento legal, pues aún estaba vigente el contrato de desmonte por usufructo. Sin embargo, al estar por vencer la vigencia del contrato, los indígenas interponen el juicio agrario 2010/2016 para intentar ejecutar la terminación del contrato de usufructo, la nulidad de las actas de reconocimiento de avecindado del 2012 y la entrega de las tierras.
“Aunque el proceso se interpuso el año pasado, aún no inicia porque el magistrado presidente difiere las audiencias hasta por ocho meses. Se supone que legamente se debe de desahogar en menos de un año el caso, pero la audiencia inicial no se ha cumplido en más de ese lapso. Evidentemente, el magistrado pretende cubrir a Miranda, alargando el juicio lo más que pueda. Eso es corrupción. A él (Miranda) le resolvió anular un acta de Procede en un año. Nosotros llevamos más tiempo desahogar el mismo proceso, y aún no lo comenzamos”, explicó Martín López Félix, abogado de los indígenas.
Bonifacia Valenzuela, campesina afectada, dijo que ocho indígenas murieron esperando la resolución del conflicto que comenzó porque el gobernador Mario López Valdez los pisoteó, humilló y se alio con los ricos buscando tener ese reconocimiento. “Solo porque somos la minoría, porque somos indígenas, porque no contamos con recursos. Pero ya nos hartamos. Queremos devolución de nuestras tierras, teemos derecho. Hemos encontrado puras puertas cerradas. Queremos rescatar estas tierras que son nuestras. Ahí las tiene el señor terrateniente, que no las ha regresado. Son las tierras de uso común.
Predio disputado: 340 has.
Indígenas afectados: 121
Comunidad: El Pochotal, El Fuerte
