Transparencia a marchas forzadas

 

 

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El próximo jueves, 251 dependencias públicas, sindicatos y partidos políticos de Sinaloa deben abrir su información al público

A punto de entrar en vigor las nuevas disposiciones en materia de transparencia, tan solo se cuenta con un avance del 30 por ciento por parte de los 251 sujetos obligados que existen en Sinaloa.

Contrarreloj y en terreno árido, el escenario que se adelanta es que será muy complicado cumplir al 100 por ciento con la información que exige la nueva legislación en materia de transparencia  a los sujetos obligados.

De acuerdo con las nuevas disposiciones legales, a partir del próximo cuatro de mayo, 251 sujetos obligados, de los cuales 219 son dependencias públicas en Sinaloa, deberán tener la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En Sinaloa, los sindicatos y los partidos políticos son los que llevan los más altos índices de rezago ante la Plataforma Nacional de Transparencia, señala Rosa del Carmen Lizárraga, presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

En el caso de los sindicatos son nuevos sujetos obligados a partir de mayo del año pasado. Han manifestado una gran indiferencia hacia la Ley de Transparencia. No contestan las solicitudes de información ciudadana que se les interpone, tampoco están subiendo información a sus portales ni a la Plataforma Nacional; cuando se les invita a capacitaciones vienen solo algunos representantes de sindicatos, no todos, denuncia la funcionaria.

Advierte que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades de la información que deberá estar en la Plataforma Nacional de Transparencia a partir del  próximo 4 de mayo.

En el caso de los partidos políticos, son sujetos obligados en Sinaloa desde 2002, a diferencia de que a nivel nacional se les incluye como sujetos obligados a partir de mayo de 2015. Estas instituciones tienen centralizada la información a nivel nacional, lo cual no ha permitido que la información fluya.

En Sinaloa los partidos políticos ya tienen 15 años como sujetos obligados, y solamente son cinco los que han estado cumpliendo con las obligaciones mínima de oficio que marcaba la ley anterior, sin embargo, ahora deberán cumplir con el doble de obligaciones que marca la nueva legislación que deberán tener en línea.

Las estadísticas de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) registran que han cumplido con sus obligaciones de Transparencia en el pasado PRI PAS, Nueva Alianza, Verde Ecologísta y PAN, y no han cumplido con subir información en sus portales: Encuentro Social, Morena, PRD, PT, y Movimiento Ciudadano.

En el caso de los Ayuntamientos, tradicionalmente entes públicos que no cumplían con la totalidad de obligaciones de transparencia de la ley anterior, ahora se les triplicará; lo que adelanta la Ceaip es que no será un escenario alentador en los 18 municipios, salvo los casos de Ahome y Mocorito, de los pocos que llevan un avance mejor.

A pesar que la Ceaip ha estado insistiendo en los Ayuntamientos con capacitaciones y atención diferenciada por el cúmulo de información a que son sujetos, no se ha podido lograr que asuman la dinámica de alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia con las obligaciones que marca el nuevo marco normativo.

Rosa del Carmen Lizárraga atribuye a lo que está sucediendo con los Ayuntamientos a la falta de conocimientos sobre la ley, pero también a un hecho inesperado, como ha sido la renuncia a sus cargos de titulares de transparencia. Ha habido municipios que han capacitado hasta tres funcionarios públicos diferentes en el presente año porque llegan y dejan el cargo, luego nombran al otro.

La titular de la Ceaip explica que se ha complicado el procedimiento para subir la información a la Plataforma Nacional de Transparencia, de hecho incluso, llegó a colapsarse en los últimos días, aunado a situaciones adversas como el caso del cambio del gobierno estatal, y los 18 gobiernos municipales con quienes se ha partido de cero con la llegada de nuevos funcionarios de transparencia.

El 80 por ciento de los funcionarios que actualmente laboran en las áreas de transparencia son nuevos, apenas unos meses, otros semanas, porque también se ha registrado una inesperada salida de titulares que han preferido renunciar al cargo ante el temor de ser sancionados por incumplimiento de las obligaciones que señala la nueva ley.

La Ceaip había trabajado con programa de capacitación con los anteriores titulares de transparencia al aprobarse la nueva legislación, pero al darse el cambio de administración, dejaron el cargo, sin dejar los archivos que se requiere en este momento para cumplir con las nuevas obligaciones.

Aclara que con las nuevas obligaciones no será el servidor público responsable del área de transparencia quien asuma la responsabilidad, sino el área que genera la información y que no haya dado la información a la Unidad de Transparencia para que ésta a su vez la comunique al ciudadano.

Lamenta que a pesar de que se hicieron actas de entrega-recepción, los nuevos funcionarios no encuentran la información que por ley debe estar línea, por lo que urgió de que en Sinaloa se cuente con una Ley de Archivos Públicos que permita que este tipo de documentos no se terminen en una administración y empiecen de cero en la siguiente.

En el caso del gobierno estatal se registra un avance  del 34.9 por ciento de la información específica, y de las obligaciones comunes un 63.3 por ciento; en tanto el Poder Legislativo se registra un avance del 52 por ciento en comunes y un 21.4  por ciento en las específicas.

A diferencia de lo que sucedía en el pasado, ahora con el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos obligados no tendrán la posibilidad de bajar la información, una vez que sea subida, lo que formará información histórica, lo que evitará los vicios que se han tenido en Sinaloa incluso en casos tan patéticos como el del Ayuntamiento de El Fuerte, donde el dueño del dominio del portal de transparencia se llevó la información.

Aunado a ello, la obligación de más de siete mil dependencias públicas obligadas a nivel nacional, ha provocado una saturación de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que ha dificultado el subir la información a los entes públicos.

La titular de la Ceaip atribuye el bajo nivel de avance a razones tecnológicas, porque la dependencia ha tenido dificultad para subir los hipervínculos o la documentación completa a la que están obligados.

Y si la cifra del 30 por ciento pudiese parecer baja, en el escenario nacional los avances son más escasos, ya que Sinaloa se ubica en el séptimo lugar. Los mejores comportamientos lo están siendo los estados de Jalisco, Veracruz, Durango y Chihuahua.

Ante el escenario nacional en transparencia y la entrada en vigor del nuevo marco legal, el Consejo Nacional de Transparencia planea realizar un procedimiento de verificación diagnóstica a partir del cinco de mayo.

Aunque se reporta un 30 por ciento de avance en la información, lo que procederá enseguida será la verificación de si el tipo de información que se está subiendo a la plataforma es realmente la que se exige, si es del 2015 a la fecha, como señala la ley.

El monitoreo de la información será titánico, porque no se tiene el personal suficiente que revise a las 251 dependencias en Sinaloa, reconoce la titular de la Ceaip, quien recuerda que la nueva ley le otorgó el triple de atribuciones.

La nueva legislación obliga ahora a la Ceaip a realizar monitoreos, tendrá la facultad sancionadora, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  (INAI) la posibilidad de atraer temas locales, lo que obligará localmente a robustecer el área jurídica y contar con mayor personal. Todo esto con el mismo presupuesto de hace cinco años será complicado, si se suma la próxima expedición de la Ley de Protección de Datos Personales, que dará nuevas atribuciones y responsabilidades, comenta la titular de la Ceaip.

A partir del monitoreo de la Ceaip que se realizará por tres meses, se otorgará un plazo de dos meses para que se solventen las observaciones y de aproximadamente 50 días para que suban la información requerida, además de la vigilancia que podrá hacer el ciudadano.

 

RECUADRO:

-La nueva Ley de Transparencia estatal cuenta con 256 supuestos u obligaciones (96 Obligaciones comunes y 160 específicas), 37 obligaciones más que la Ley General de Transparencia que cuenta con 219.

-La Laipes, anterior ley en Sinaloa, que se aplicó desde el 2002 hasta mayo del 2015, tenía solo 55 supuestos.

 

 

 

 

 

 

 

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