El ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, lo insiste cuantas veces puede: “fui honesto”. Lo repite ante el juez y lo reitera ante los reporteros cuando sale de la audiencia.

La Fiscalía General del Estado también insiste: autorizó pagos ilegales por más de 8 millones de pesos.

“Lo reitero, lo afirmo y lo reitero… yo soy inocente”, asegura a su salida del Centro de Justicia Penal.

Para el Juez de Control hay indicios suficientes para presumir que cometió los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

El miércoles pasado, durante la continuación de la audiencia inicial que empezó el viernes 8 de diciembre, el juzgador lo vinculó a proceso penal.

El ex funcionario seguirá el juicio en libertad debido a que el Juez negó la solicitud de la Fiscalía de dictar prisión preventiva.

Para garantizar que no se dará a la fuga, impuso como medidas cautelares el pago de una fianza de un millón y medio de pesos, acudir a ingresar sus datos cada 15 días y le prohibió salir del estado.

En la continuación de la audiencia inicial, Favela Lizárraga decidió declarar, pero solo para contestar preguntas de sus abogados.

Cuando el Ministerio Público y el Asesor Jurídico Victimal intentaron interrogarlo, el acusado mencionó que se reservaba su derecho a contestar.

En su declaración, el ex Secretario explicó las funciones que tenía como titular de la dependencia y las que desarrollaba la Secretaría Técnica, a cargo de Luis Ángel Pineda Ochoa, quien está sujeto a proceso por los mismos delitos.

Lizárraga Favela aseguró que ejerció el cargo siempre de manera honesta y transparente, cercano a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Después reiteró que siempre procuró que su trabajo fuera honesto y transparente, desde el principio hasta el fin.

Aseguró que tiene disposición para aclarar las acusaciones y se presentará cuantas veces sea necesario.

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El área que estuvo a cargo de Pineda Ochoa, señaló, era la encargada de gestionar los recursos en la Secretaría de Administración y Finanzas y de administrarlos.

Para aportar pruebas a favor del imputado, los abogados llevaron a declarar a quien fue secretaria particular del ex titular de la Secretaría de Turismo.

La joven fue llevada para que explicara el procedimiento con el que se emiten las solicitudes de pago, cómo se puede identificar qué área fue la que elaboró las solicitudes y cómo se autorizaban los pagos.

Con las declaraciones, los abogados trataron de demostrar que las solicitudes de pago incluidas en el expediente habían salido de la Secretaría Técnica, a cargo de Pineda Ochoa.

El Ministerio Público aprovechó y empezó a hacer preguntas sobre los cheques de pago y la condujo a decir que los cheques requieren de firma mancomunada del secretario técnico y del secretario de Turismo.

La Fiscalía solicitó al Juez cuatro meses de prórroga de investigación, por lo que tiene hasta abril para presentar más evidencias.

El Ministerio Público justificó que necesitaban ese tiempo ya que requerirán a la Comisión Nacional Bancaria y Valores información sobre las cuentas a las que fueron depositados los cheques.

“Ratificar lo que ya había dicho, voy a estar atendiendo cualquier inquietud de la autoridad, lo que se requiera y como lo he mencionado mi desempeño fue honesto y transparente, estoy seguro que la verdad va saliendo a flote y la verdad va hermanada de la justicia”, dijo al salir del Juzgado.

“Lo reitero, lo afirmo y lo reitero, y a eso me atengo y espero que las autoridades lleguen al fondo, yo soy inocente”.

La Fiscalía General del Estado lo acusa junto con el ex secretario técnico, Luis Ángel Ochoa Pineda; y el ex jefe del Departamento de Enlace Administrativo, José Luis Martínez Romero.

Supuestamente hicieron 41 pagos por 8 millones 651 mil pesos a dos empresas.

Los recursos presuntamente eran para pagar tres campañas de promoción turística del estado, pero no hay evidencias de que se hayan realizado.

Además no hubo contrato con las empresas, ni se hizo procedimiento de licitación para adjudicarlo.

Ochoa Pineda fue vinculado a proceso el 27 de noviembre y deberá pagar una fianza de un millón de pesos; y Martínez Romero vinculado el 30 de noviembre, debe pagar fianza de medio millón de pesos.

Entrevista publicada el 17 de diciembre de 2017 en la edición 777 del semanario Ríodoce.