El gobierno estatal realizó obras que no se planearon y presupuestaron, sin licitar y sin sustentos técnicos para la contratación
La obra pública que se construye en Sinaloa pareciera un oscuro laberinto al que no cualquiera puede acceder y una vez que se llega a ella, entenderla es aún más complejo.
Así lo retrata el primer ejercicio ciudadano en Sinaloa para acercarse a los cómo y por qué de la obra pública.
El Índice de Obra Pública Abierta #iOPA les llevó un año a los integrantes del Centro Ciudadano de Investigación “Iniciativa Sinaloa”, con resultados que reflejan una alta posibilidad de actos de corrupción del gobierno estatal.
Treinta y cinco obras ejecutadas en Culiacán, contratadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno de Sinaloa (SDUOP), durante 2014, fueron el objeto de estudio de la organización civil que enmarcó su investigación en la Alianza para el Gobierno Abierto, un acuerdo que persigue los objetivos del gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana.
“Cuando la obra pública es vista como negocio privado, los gobiernos atentan contra todos nosotros. Abrir la obra pública al escrutinio de todos los miembros de su comunidad es asegurar que sus beneficios se transformen en empleos, ingresos, espacios públicos y mayor calidad de vida para todos”, destaca Eduardo Bohórquez, director General de Transparencia Mexicana, en el prólogo del índice.
Obras, “a ojo de buen cubero”.
En contra de sus propias reglas, la SDUOP ejecutó obras que no se planearon y presupuestaron desde un año antes, como lo establece el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuesto. Tampoco se encontraron los sustentos técnicos jurídicos para la contratación de la obra, uno de los requisitos básicos que exige la Ley de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa.
Así también, a la hora de contratar, la SDUOP se brinca la ley y omite las licitaciones públicas.
Las 35 obras, cuyo monto fue de 302 millones 243 mil 980 pesos, fueron solicitadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el DIF Sinaloa y dos dependencias desconocidas en donde se enlistan nueve obras.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue quien gestionó más obras, en total 12, pero fue la Unidad de Inversiones de la SAyF la que se llevó el 84 por ciento del presupuesto destinado a las 35 obras.
En el análisis de las obras del Secretariado Ejecutivo se encontró que las 12 obras fueron asignadas directamente, omitiendo la licitación pública en cuatro en las que sí procedía y la invitación a cuando menos tres proveedores en cinco obras que así lo requerían.
Los convenios de ampliación es otra de las prácticas favoritas del gobierno estatal. Por ejemplo, en el Suministro e Instalación de Equipos Eléctricos en el Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, se otorgó un convenio de ampliación que rebasa cuatro veces los días permitidos por la Ley de Obras Públicas.
Esta misma práctica se repite constantemente en la relación de obras de la Unidad de Inversiones, por ejemplo, en la construcción del bulevar Miguel Tamayo, para el cual se otorgaron dos convenios de ampliación que exceden en un 97 por ciento los días permitidos por ley. Incluso, con un año de retraso, la obra sigue sin concluirse.
Las 35 obras analizadas en el #iOPA forman parte de las obras enlistadas en el Plan Anual de Obra Pública 2014. Sin embargo, se detalla que hay cuatro obras que no aparecen en el plan pero se incluyen en la relación de contratos que se difunden en portal de transparencia de la SDUOP y una más que se encontró en una relación de contratos del primer trimestre de 2014, pero que desaparece en la relación final del año.
El #iOPA destaca en este aspecto la falta de confianza hacia la información difundida por el Gobierno de Sinaloa. Por ejemplo, al comparar el total de obras enlistadas en el Plan Anual de Obra Pública y lo reportado en el portal Transparenciasinaloa.gob.mx, se detecta una diferencia de 412 millones 915 mil pesos.
Un laberinto de opacidad
Más allá de cómo se desarrolla la obra, el #iOPA demuestra la opacidad en la información que por ley debiera ser pública y de fácil acceso para el ciudadano.
El índice crea tres subíndices que otorgarán una calificación al gobierno de Sinaloa por la forma en cómo muestra la información de la obra pública, desde que comienza el proceso hasta que concluye. Al final de la revisión, el #iOPA generó una calificación de “muy insatisfactorio”.
El primer subíndice revisó la información mínima de oficio, es decir toda aquella documentación de obra pública que las entidades están obligadas por ley a difundir en sus portales de internet sin que el ciudadano tenga que solicitarlos de forma oficial. Su calificación fue “muy insatisfactoria”.
El #iOPA también analizó el principio de máxima publicidad, este se relaciona con la accesibilidad del ciudadano a la información que requiere a través de solicitudes vía Infomex Sinaloa. En este subíndice, al gobierno de Sinaloa se le requirieron los contratos de obra pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y sólo cumplió en un 11 por ciento de los casos.
“Compranet Proactivo” es el tercer subíndice que se incluye en el estudio y surge a partir de que el gobierno de Sinaloa responde a través de una solicitud vía Infomex que los contratos se encuentran publicados en la plataforma federal Compranet. Sin embargo, al revisar la plataforma se detectó que un 63 por ciento de los expedientes no se encuentran en Compranet.
*El #iOPA está disponible para su consulta en http://www.iniciativasinaloa.org.mx/
