Piden a Gobernador investigar altos mandos de los Servicios de Protección  

 

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PERSONAL. “Negocios descarados con dinero público”.

 

 

Personal Administrativo y de Operaciones de la Dirección de Servicios de Protección (DSP), piden al gobernador Quirino Ordaz Coppel que investigue a los altos mandos para transparentar un supuesto servicio que dieron a la empresa  Bonatti, cuyo objetivo es dar seguridad a los caminos por donde pasaría el Gasoducto de Sinaloa.

Según los denunciantes, quienes pidieron el anonimato, dicho servicio de protección abarcó desde septiembre de 2015 hasta abril de 2016, lapso en el que los altos mandos de Servicios de Protección cobraron alrededor de 4 millones 50 mil pesos.

Aseguran que los jefes de la DSP hicieron creer al entonces gobernador Mario López Valdez, que utilizarían sólo cinco guardias diarios, pero que en la realidad fueron 90 elementos diarios que dieron seguridad a la empresa extranjera Bonatti.

A mediados de diciembre de 2016, personal administrativo y  de Operaciones de la DSP se quejaban de que López Valdez había llegado “bailando” y que los dejaría “bailando”.

Las pancartas de los inconformes desentonaban con la armonía que exigía la cercanía de la navidad: “exijo el pago justo de aguinaldo… quiero la navidad de mis hijos…  Malova llegó bailando y nos dejará bailando…”.

La administración “malovista” generó indignación en algunos mandos de la DSP al no pagarles completo al aguinaldo y los bonos del Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios) anuales y de alto riesgo que sumaban miles de pesos por elemento.

Llegó el 2017 con el anunciado “gasolinazo” que encendió el motor de la inconformidad social y puso en marcha las manifestaciones de la sociedad civil, que fueron recibidas por la represión de las corporaciones policiales, estatales y municipales, evidenciando la “intolerancia” de los gobernantes.

El 31 de diciembre, en su toma de protesta, el gobernador Quirino Ordaz Coppel había ofrecido impulsar un paquete de propuestas tendientes a ejercer la acción penal contra los servidores públicos que durante su administración cometan los delitos de peculado, cohecho y abuso de autoridad.

La señal que había enviado el ejecutivo como parte del sistema estatal anticorrupción, motivó a los inconformes de la DSP a denunciar públicamente  el servicio sin contrato que los altos mandos habrían cobrado a la empresa italiana Bonatti, sin ser registrado en recaudación.

El 5 de enero, al interior de Servicios de Protección, Zona Centro, algunos comandantes empezaron a recibir comunicados que informaban que personal administrativo y de operaciones protestarían el 6 de enero contra César Yunue Santa Cruz Oliden, David Mendoza Leyva y Rafael Gaxiola.

“Estos son los tres reyes magos de la tranza”, dijo uno de los denunciantes aludiendo al día de Reyes.

“(Porque) al parecer ya están arreglados con el capitán Eduardo Juárez, quien es el nuevo director; el personal administrativo y operativo, ellos quieren denunciar hechos de éstos, por déspotas y bandidos, (que) les venden uniformes, cobran cuotas para otorgar servicios a los elementos que van a servicios extraordinarios, desde 500  pesos por evento”, sostuvo uno de los inconformes.

Además denuncian que “existen servicios de las minas que no pasan por recaudación y que Yunue y David y Rafael, cobran casi 30 mil pesos semanales  y mensuales 120 mil pesos, sin pasar a recaudación ni existe contrato. Es un robo al erario público, estos tres malos servidores públicos, están protegidos por el secretario técnico del secretariado ejecutivo, y es el licenciado Alfredo Gurtiérrez, alias el Flaco”, aseguró.

También se les acusa de “ventas de uniformes y cuotas para cambiar armas y cartuchos a los elementos; aunado a esto el año 2015, septiembre se hizo un robo inmenso a las finanzas de recaudación. Resulta que contrataron un servicio de la compañía italiana Bonatti para dar seguridad a los caminos de donde pasaría el gasoducto de Sinaloa, iniciando del norte al sur, sin contrato”.

Hicieron creer al gobernador, agregó, que solo serían cinco guardias y “utilizaron 90 guardias diarios con un pago de 1500 pesos diarios, por elemento, esto duró ocho meses, se cobraron 4 millones 50 mil pesos mensuales en el mes de septiembre de 2015 y continuó al mes de abril del 2016”.

Todo esto fue sin contrato y están las pruebas en los discos duros de sus computadoras (de Servicios de Protección), por si los funcionarios de la recién creada Secretaría de Transparencia, quieren corroborar o prefieren dejarlos bailando con la corrupción, retaron.

“Todo el personal del centro están indignados, porque ellos (los funcionarios señalados) ya se quedan en el mismo cargo y piensan que el capitán Eduardo Juárez ya está arreglado, porque se la pasan con él y no dejan que el personal se comunique con ellos, son unas ratas y mal informan al mando”, enfatizó.

Por ello, la indignación: “para comunicarle que los elementos de la DSP centro, quieren manifestarse, porque quien era Sierra 2 segundo comandante Rafael Gaxiola Medina, sería designado como coordinador zona centro, cargo que ya ocupó y maltrató y humilló  y extorsionó al personal operativo. Pedimos al gobernador Quirino Ordaz Coppel, que mediante su nueva secretaría de Transparencia investigue nuestra denuncia y que destierre y no fomente la terrible cultura del ‘borrón y cuenta nueva’”, manifestó otro de los denunciantes.

 

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