MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Hermes Yahir Chacón Flores, abogado y funcionario federal panista, fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) acusado de posesión de pornografía infantil.
Chacón tenía en su poder más de 74 mil imágenes de menores en situaciones sexuales y fue detenido por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR (Fevimtra) el pasado 11 de septiembre.
El panista trabajaba para la Procuraduría Agraria en Ciudad Juárez, Chihuahua, según medios locales.
De acuerdo con el periódico Norte de Juárez, el arresto obedeció a una orden de aprehensión librada por un juez quien le dictó auto de formal prisión a Chacón Flores por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía de menores de 18 años, en la hipótesis de almacenaje.
El diario agrega que la investigación inició en el 2011 en la base de datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Cybertipline Report of National Center for Missing and Exploted Children, NCMEC) que fue reportado por la empresa “Microsoft Corporation”, en Estados Unidos.
El caso fue investigado por la Policía Federal de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos y denunciado a la PGR a través de la Fevimtra.
La indagatoria llevó a una cuenta en Internet identificada con el seudónimo [email protected] donde se almacenaban más de 74 mil imágenes de pornografía infantil. La cuenta correspondía al equipo de cómputo de Hermes Chacón Flores, de la Procuraduría Agraria en Ciudad Juárez.
Policías federales aseguraron todo el equipo de cómputo para su análisis en la Ciudad de México y lograron obtener la evidencia.
Las autoridades indicaron que Chacón Flores presuntamente adquirió las imágenes con redes de pederastas en México y otros países.
Norte precisa que Hermes Chacón empezó a laborar en el Procuraduría Agraria desde el año 2010 bajo la protección del exsecretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
De ser culpable, el funcionario federal panista podría alcanzar una pena de 15 a 30 años de prisión.
