Malovistas bajo la lupa; mil millones de pesos perdidos

 

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Campañas de promoción falsas, manipulación de documentos oficiales y desvío de recursos son las tres líneas que persigue la contraloría del gobierno de Sinaloa en contra de ex servidores públicos de la administración de Mario López Valdez.

Aunque sus nombres y cargos siguen sin revelarse por la secrecía del proceso jurídico, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Quirino Ordaz Coppel salió esta semana a dar más detalles sobre las irregularidades que pretenden castigar, actos que en suma superan los mil millones de pesos.

Se trata de 19 procesos de sanción administrativa en contra de 17 personas, ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de Armando Villarreal Ibarra, secretaría de Obras Públicas con José Luis Sevilla Suárez y la Secretaría de Turismo, durante el periodo que la dirigió el hoy también titular de la misma Rafael Lizárraga Favela. Además de otros tres procedimientos que en los próximos días iniciarán.

Pero la mayoría de las irregularidades están concentradas en la Tesorería del Estado, que encabezó el mochiteco Villarreal Ibarra, tan sólo en esta dependencia se pretenden sancionar irregularidades de 10 ex funcionarios de primer y segundo nivel.

 

La campaña falsa

En la recta final del sexenio, entre agosto y noviembre de 2016, la Secretaría de Turismo realizó 40 pagos a tres aerolíneas internacionales que conectan el puerto de Mazatlán con destinos en Canadá y Estados Unidos, con el argumento de una campaña de promoción turística.

Sin embargo, al realizar una fiscalización del recurso, la Auditoría Superior del Estado encontró que no existe ningún documento que justifique el pago, no hay un contrato de prestación de servicios y no hay evidencia de que las campañas se hayan llevado a cabo.

En suma, la Secretaría de Turismo pagó ocho millones 651 mil 798 pesos, supuestamente a las aerolíneas Delta, Canwest y Continental Airlines por campañas de promoción de las que no hay evidencia.

Lo anterior se encuentra documentado en el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo en el Segundo Semestre de 2016 y en días pasados la Contraloría estatal anunció que por esta acción se investigan a tres ex funcionarios.

Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, explicó que los ex funcionarios involucrados ya fueron notificados y tuvieron su derecho a una audiencia para explicar el caso, sin embargo, ninguno de ellos pudo justificar la supuesta campaña.

“Ninguno de los involucrados durante las investigaciones pudo acreditar ni soportar de manera documental los motivos por los cuales se realizaron los pagos, no hay evidencia que se realizaron dichas campañas ni en qué consistieron estas campañas”, explicó el subsecretario.

Y agregó “existe la presunción, de que son los responsables de solicitar, tramitar y pagar de forma indebida y fuera de todo procedimiento de contratación, la cantidad señalada en varias exhibiciones”.

 

Tesorería, irregularidades sin fin

En la tesorería de Armando Villarreal Ibarra las irregularidades siguen brotando. A la retención de aportaciones a los trabajadores se les suma la modificación a documentos oficiales para operar de forma ilegal más recursos federales de los que estaban autorizados.

Por esta acción se investiga a tres ex servidores públicos que modificaron documentos para hacer uso de 14 millones 284 mil 276 pesos que no estaban autorizados

Aviña Martínez explicó que el gobierno del Estado tiene un convenio de colaboración con el Sistema de Administración Tributaria para el cobro de impuestos y multas federales, derivado de este convenio, el SAT le regresa al Ejecutivo una cantidad proporcional al recurso cobrado para que lo incluya en su presupuesto.

Sin embargo, estos funcionarios modificaron las autorizaciones del SAT y las aumentaron, de esta forma tuvieron acceso a más recursos que no estaban presupuestados.

“Lo que se hacía aquí es que se alteraban las cifras que autorizaba originalmente el SAT y esos recursos fueran superiores a los autorizados y esa cantidad entrara a otros fines que no fuera precisamente los propios de las finanzas del gobierno”, explicó Aviña Martínez.

En la tesorería Estatal se investiga a seis ex funcionarios más, tres de ellos están involucrados en las retenciones ilegales que se les hicieron a trabajadores con aportaciones que no llegaron a su destino. Por este caso se investiga el uso irregular de 998 millones de pesos.

Los otros tres ex servidores públicos se relacionan con el traslado de recursos de una cuenta a otra, sin contar con autorización, para el pago de obras públicas que no estaban presupuestadas.

En estas transferencias también participaron y son investigados otros seis ex funcionarios de la secretaría de Obras Públicas. Por este caso se persigue el desvío de 16 millones de pesos.

 

Qué se investiga:

Campaña turística       3 ex funcionarios Sectur        8 millones 651 mil 798 pesos

SAT                            3 ex funcionarios SAYF        14 millones 284 mil 276 pesos

Retenciones                3 ex funcionarios SAYF        998 millones 332 mil 035 pesos

Transferencias obras   6 obras públicas y 4 SAYF    16 millones de pesos

 

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