Malova asignó, sin licitar, 589 mdp a los centros de justicia penal

 

ANGOSTURA,SINALOA 03MARZO2015: El secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong en compañia del gobernador de Sinaloa Mario López Váldez encabezaron el acto inaugural de la sede del centro de justicia penal región centro norte.

 

Negocios directos

 

 

Bajo el argumento de que se pondría en “riesgo la seguridad pública” si la obra se licitaba, el gobierno de Mario López Valdez adjudicó de manera directa un contrato por 118 millones 268 mil 865 pesos para la construcción del edificio que albergaría a las instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal, en Los Mochis, realizada de marzo a junio de 2015.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que dicha excepción no se justificó.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la ASF auditó el contrato CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-2015, a través del cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a cargo de José Luis Sevilla Suárez, decidió no licitar la obra mencionada y adjudicarla a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.

La excepción se basó en el artículo 61, cláusula cuarta del capítulo 3, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, que establece que se podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, sin sujetarse a los montos previstos, cuando “su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

Dicho supuesto que el gobierno de Malova utilizó para evitar concursar esa obra, así como las cinco restantes relativas a los Sistemas de Justicia Penal en Culiacán, Angostura, Mazatlán y Los Mochis, por un monto total de 588 millones 843 mil 093 pesos, no pudo acreditarlo ante la Auditoría Superior de la Federación.

“La entidad fiscalizada no justificó la existencia de ese supuesto, ni acreditó que la contratista contara con capacidad de respuesta inmediata, técnica y experiencia, ni con los recursos técnicos, financieros y demás que fueran necesarios, conforme a las características, complejidad y magnitud de los trabajos que se habrían de realizar”.

Tampoco “comprobó documentalmente la elaboración y envío del informe del titular del área responsable de la contratación al órgano interno de control en que constara el análisis de las proposiciones admitidas y las razones en que se sustentara para la adjudicación del contrato, como tampoco el resultado de las investigaciones de mercado que soportaran el procedimiento de contratación propuesto”.

 

 

Por lo tanto señala la auditoría; “no se garantizó al estado la administración de los recursos autorizados con eficiencia, eficacia y honradez para cumplir los objetivos que se destinaron, a fin de garantizar la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Ante dicha irregularidad el órgano fiscalizador emitió la recomendación 15-A-25000-04-0567-01-001 y emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 15-B-25000-04-0567-08-001 ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa para que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente  por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron directamente el contrato de obra pública núm. CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-2015 sin acreditar que la contratista contaba con capacidad de respuesta inmediata, técnica y experiencia, ni con los  recursos técnicos, financieros y demás necesarios”.

En la recomendación se precisa que tampoco se comprobó “documentalmente la elaboración y envío del informe del titular del área responsable de la contratación al órgano interno de control, en que constara el análisis de las proposiciones admitidas, las razones en que se sustentara la adjudicación del contrato y los resultados de las investigaciones de mercado que soportaran el procedimiento de contratación propuesto”.

De acuerdo a los datos publicados en el portal de Transparencia del gobierno de Sinaloa y en la página de Compranet, se constató que la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas ignoró la recomendación del organismo fiscalizador, y en abril de 2016 volvió a “saltarse” una licitación y adjudicó de manera directa a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V., el contrato CONT-SDUOP-ADJ-CONST-021- 2016 por 144 millones 400 mil pesos, esta vez para la construcción del Centro de Justicia Penal en Culiacán.

Aun cuando la Auditoría Superior de la Federación revisó sólo un contrato en 2015, en los meses de octubre y diciembre de ese mismo año, el gobierno estatal también adjudicó bajo el mismo argumento de excepción, los contratos de la primera y segunda etapa del Centro de Justicia Penal en Mazatlán, por 23 millones 613 mil y 103 millones 754 mil 128.78 pesos, respectivamente, a la empresa Proyectos y Desarrollos Salve, SA de CV.

Previo a ello, en octubre de 2013 y septiembre de 2014, la administración malovista recurrió a los mismos argumentos para evitar concursar las obras, y adjudicó dos contratos por 124 millones 907 mil 100 pesos y 73 millones 900 mil para la construcción y conclusión del edificio que albergaría el Sistema de Justicia Penal y las Instituciones Operadoras del mismo, en Angostura.

Ahí la empresa beneficiada fue Agregados, Maquinaria y Construcción S.A. de C.V.

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