La “buena fortuna” para resolver asesinatos de mujeres en Sinaloa

malova y procu

Feminicidios archivados

 

El sexenio de Mario López Valdez ha sido el peor momento que han vivido las mujeres en el estado de Sinaloa. Solo el año pasado se documentaron 83 asesinatos contra mujeres, que según el gobierno del estado, para su “buena fortuna” ya han sido resueltos en su totalidad. Sin embargo, hay casos que siguen sin esclarecerse, como el homicidio de Sandra Luz Hernández, que fue tipificado como feminicidio.

“53 femicidios y 30 feminicidios que se presentaron en el 2014, para nuestra buena fortuna todos ellos están debidamente esclarecidos. Todos el cien por ciento de estos casos que se han presentado ya están resueltos”, declaró el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros.

La desafortunada declaración del Secretario General del Gobierno de Sinaloa la hizo el miércoles pasado en la propia sede del Instituto Sinaloense de las Mujeres, donde se dieron cita para la conformación de un grupo de trabajo que se encargará de investigar el contexto de violencia en el estado, el proceso de atención e investigación de estos casos y posteriormente dentro de 60 días emitir un informe con recomendaciones.

Vargas Landeros dijo que “lo importante es que el grupo de trabajo que se está instalando vierta sus opiniones, sus recomendaciones y revise que lo que se nos está diciendo sea exactamente lo que es”.

El asesinato de Sandra Luz Hernández, el 12 de mayo del año pasado, ha sido uno de los casos emblemáticos en el estado. Fue una férrea activista en el grupo de familiares que buscan a sus seres queridos, asesinada a balazos cuando se dirigía a buscar a una persona que le daría información sobre el paradero de su hijo desaparecido.

Por el asesinato de la activista fue detenido Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de ser el autor material del homicidio de Sandra Luz, pero obtuvo sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el 13 de marzo del 2015, por falta de pruebas, a pesar que en la declaración ministerial aceptó haber cometido el homicidio.

Luego de que finalizó la novena sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia de las mujeres, el representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, explicó en entrevista que parte del trabajo de este grupo es precisamente verificar los procesos de procuración de justicia.

“En todos los demás estados que ya tienen una solicitud de investigación y un informe han sido coincidentes en tres aspectos que evidencian debilidad en el sistema de procuración de justicia.

“Hay problemas serios y esto no lo decimos solo como ocurrencia sino de una forma documental, los niveles de impunidad son elevadísimos todavía en nuestro país, y esa impunidad tiene un impacto por supuesto diferenciado a las mujeres, poco acceso a las mujeres a las instituciones de justicia”, afirmó Pablo Navarrete.

El segundo aspecto que mencionó el representante de Inmujeres es la poca coordinación institucional para hacer frente a situaciones de violencia; y tercero “que hay necesidad imperiosa de capacitación en todos los niveles, capacitación con perspectiva de género y derechos humanos”.

¿Cuáles son los estados que han presentado una mayor problemática para realizar este tipo de investigaciones? —se le cuestionó a Pablo Navarrete.

—No es contra un estado en particular, es como consecuencia de una respuesta de quienes ejercen el poder en ocasiones y están cerrados a la posibilidad del escrutinio público.

“Pero siempre con el dialogo se ha logrado superar esto y con el entendido de que este instrumento, el que Sinaloa de manera sui generis implementa pues es un mecanismo que tienen como propósito proteger y garantizar la vida y seguridad de las mujeres, incluso la solicitud de alerta de violencia de género tiene ese propósito, generar acciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las mujeres”, respondió.

La alerta de género

En Sinaloa desde hace alrededor de tres años -seis meses después del asesinato de la maestra universitaria Perla Lizet Vega Medina-, las mujeres agrupadas en asociaciones civiles exigieron al Gobierno Federal se declarara alerta de género en el estado, petición que hasta el momento ha sido negada.

Posterior a la petición, en una entrevista realizada por Ríodoce, María Aurelia Leal López, entonces presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red (AMMOR), señaló que “el feminicidio no existe para las autoridades estatales”, a pesar de que la ley en la materia acababa de entrar en vigor en Sinaloa.

“Nos estamos dando cuenta de la ignorancia del gobierno estatal en este tema, principalmente por declaraciones machistas del propio Gobernador, que viene diciendo que si nos agreden o nos matan es por culpa nuestra”, dijo entonces la presidenta de la AMMOR.

Integrantes del grupo de trabajo

Durante el evento, Elizabeth Ávila Carrancio dio a conocer que el grupo de trabajo está integrado por una persona que representará al Inmujeres, quien cumplirá además como asesora; un representante de la ONU Mujeres para cumplir como observadora; un representante del Instituto Sinaloense de las Mujeres, solamente de manera operativa.

Formarán parte del grupo también cuatro académicos, dos nacionales y dos estatales: la investigadora María Nela Cuautle Hernández y el doctor Nelson Arteaga Botello, de la FLACSO con sede en México; Ambrosio Mojardín Heráldez, de la Facultad de Psicología y José Ramón Guzmán Serrano, de la Facultad de  Estudios Internacionales y Políticas Publicas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

 

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