Inhabilitan a dos de los hombres fuertes de ‘Malova’

 

 

Las irregularidades en la Tesorería y en Obras Públicas del gobierno de Mario López Valdez no son tema nuevo. Los órganos de fiscalización lo advirtieron año con año, pero nadie hizo nada para detenerlo.

Ni el Congreso del Estado que aprobó cada año las auditorías a las cuentas públicas; ni el titular de la Contraloría, Juan Pablo Yamuni, que no fincó sanciones a pesar de estar obligado; ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) con Antonio Vega Gaxiola, que debió presentar denuncias penales y sólo simuló observaciones.

Ahora que el sexenio ya ha terminado, las inhabilitaciones a los ex funcionarios parecieran poca cosa para el ciudadano que exige sanciones más fuertes. Incluso, a través de redes sociales, los sinaloenses han expresado su inconformidad frente a la noticia que es histórica en Sinaloa, pues por primera ocasión se inhabilita a dos ex titulares de gabinete.

 

Villarreal Ibarra, el ‘jineteo’ desbordado

“El tiempo dirá si fuimos buenos o malos administradores”, dijo a Ríodoce en agosto de 2016, Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas.

En aquel entonces, el tesorero de López Valdez defendía las cuestionadas estrategias que utilizó para administrar los recursos de Sinaloa. Una de ellas, el “jineteo” al dinero de sus propios trabajadores.

Fue ese vicio el que cometió mes tras mes y que incrementó una deuda de 148 millones en 2012, a mil 175 millones en 2016, lo que derivó finalmente en una sanción administrativa grave: la inhabilitación del servicio público por siete años.

El “jineteo” a las aportaciones de los burócratas para el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), comenzó de forma discreta en el 2012 y fue en el primer semestre de 2013 cuando la Auditoría Superior del Estado lo detectó y lo señaló por primera vez.

En ese entonces, el gobierno de Sinaloa había cerrado el 2012 con una deuda de 157 millones 521 mil pesos con el IPES, un monto que se originó en las aportaciones que se descontaron a los burócratas pero que nunca llegaron al instituto.

La ASE enlistó en su informe de 2013 la irregularidad y exigió una sanción para el funcionario responsable. Pero la sanción no llegó. Y el Congreso del Estado aprobó el informe sin más.

Semestre tras semestre, en cada uno de los informes de fiscalización de Cuenta Pública de 2013 a 2016, la ASE detectó la misma violación de la Secretaría de Administración y Finanzas, lo señaló y exigió una sanción.

De acuerdo con los informes, de los cuales Ríodoce posee copias, la ASE argumentó una y otra vez que la SAYF violentaba la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Pensiones del Estado y el Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública de Sinaloa.

 

Con información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información, se pudo documentar que la tesorería retuvo cuotas quincenales a sus trabajadores desde 2012 a 2016 pero no las entregó al IPES.

La operación comenzó en la segunda quincena de junio de 2012 cuando se retuvieron 10 millones 748 mil pesos del sueldo de los trabajadores y en lugar de aportarlos al IPES, se desviaron hacia otro uso que hasta la fecha se desconoce.

En 2013 se retuvo cada quincena del año pero sin aportar un sólo peso al instituto. Para 2014, el camino parecía recomponerse y se pagaron correctamente las aportaciones de enero a marzo pero de nueva cuenta, a partir de abril se dejó de entregar el recurso al IPES.

En 2015, cuando los señalamientos de la ASE ya eran reiterados, la tesorería de Villarreal Ibarra hizo caso omiso y continuó con su estrategia. Ese año tampoco entregó el recurso al IPES y la deuda siguió creciendo.

Según la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, actualmente la deuda con el IPES por las cuotas de los trabajadores que no se entregaron asciende a mil 175 millones de pesos, acumulados desde 2012 a 2016.

Por este acto, Villarreal Ibarra fue sancionado con siete años de inhabilitación en el servicio público y el subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, fue inhabilitado por cinco años.

 

Sevilla, el camino que nunca reparó

En 2015, la organización civil Iniciativa Sinaloa elaboró un informe de Obra Pública en el que cuestionó diversas irregularidades en los procesos de contratación de obra en Sinaloa. José Luis Sevilla Suárez, ex secretario de Obras Públicas, se reunió en privado con los activistas y se comprometió a rectificar el camino.

Pero las promesas quedaron sepultadas.

Los vicios siguieron los años siguientes hasta que el propio Sevilla Suárez explotó en una comparecencia pública con diputados en la que admitió que a lo largo del sexenio se contrató obra por compadrazgos y sin planeación.

Sevilla Suárez sabía que con una auditoría mínima se podía descubrir el cúmulo de irregularidades, tal vez por eso el 23 de diciembre de 2016, una semana antes de dejar el cargo, repartió culpas en público. La más grave, se la atribuyó al titular de la Unidad de Inversiones, José Luis López Montiel, integrante del Grupo Mochis, al que también pertenece Villarreal Ibarra y lo lidera Gerardo Vargas Landeros, ex secretario general de gobierno.

Aquel día, Sevilla Suárez acusó que desde el despacho de López Montiel se le indicaba qué obras hacer y a quiénes asignarlas. “Sin proyectos, sin estimaciones de costos, sin considerar tiempos, sólo con croquis”.

Pero finalmente, fueron las autorizaciones a su nombre en tres obras, las que le valieron una sanción administrativa grave por tres años inhabilitado en la función pública.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lo acusa por autorizar convenios de ampliación de tiempo y montos superiores al 25 por ciento que establece la ley en dos obras en específico: el palacio municipal de Navolato y un cruce ferroviario en el bulevar Miguel Tamayo en Culiacán. Además, por contratar sin presupuesto la edificación del Centro de Justicia Penal en Culiacán.

Sin embargo, el vicio de convenios de ampliación superiores al 25 por ciento se repitió a lo largo de todo el sexenio en diferentes obras.

 

 

Una de ellas, documentada por Ríodoce, es la Academia de Béisbol en Culiacán, la cual se incrementó de una inversión inicial de 90 millones a 220 millones de pesos. Pero se elevó el costo en más de un 200 por ciento. A lo largo de cuatro años que tardó la edificación de la Academia, se firmaron 35 contratos, de los cuales 10 requirieron ampliaciones en monto y fechas pero ocho de esos convenios se hicieron violentando la Ley de Obra Pública de Sinaloa, con autorizaciones muy por encima del 25 por ciento permitido.

 

Las obras que delataron a Sevilla

Incluido en el paquete de obras del Megacrédito, la Unidad Administrativa de Navolato estaba planeada para terminarse en año y medio, pero en realidad tardó tres años y medio en construirse y actualmente está en desuso.

En agosto de 2016, Ríodoce visitó el lugar y encontró columnas incompletas que se edificaron para sostener una techumbre que al final no se colocaría por la falta de recursos.

La empresa Proyectos y Construcciones GFI, propiedad del político priista mochiteco, Rubén Félix Hays y amigo del ex gobernador Mario López Valdez, fue la encargada de la obra y a la cual se le autorizaron convenios de ampliación en tiempos y en montos por encima de la ley.

 

El palacio municipal de Navolato estaba planeado para concluirse el 30 de septiembre de 2014 pero al 20 de agosto de 2016, la empresa todavía trabaja en los últimos detalles, gracias a un convenio de ampliación que le otorgó la secretaría que encabezaba Sevilla Suárez.

Por esta obra, la STRYC también sancionó al director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, Carlos Ramón López Castro con una suspensión de 90 días.

El caso del Bulevar Miguel Tamayo en Culiacán es peculiar y también forma parte de los motivos por los que se inhabilitó por tres años a Sevilla Suárez

La obra comenzó en agosto de 2014 y pretendía conectar desde el Hospital de la Mujer hasta la carretera a Culiacancito, pero la conexión nunca se logró.

Desde su inicio, el bulevar se fue construyendo en un camino de irregularidades.

El primer contrato para edificar el bulevar Miguel Tamayo, desde el Hospital de la Mujer hasta la carretera Culiacancito, fue por 36 millones 490 mil pesos y debía ser terminado en cuatro meses, del 31 de agosto de 2014 al 31 de diciembre del mismo año. No fue así.

Días antes de terminar el plazo, la empresa Constructora y Cribados Almoza SA de CV, requirió una ampliación de monto por 4 millones 562 mil pesos adicionales, comprometiéndose a concluir en la fecha pactada.

Pero días después, se pidió además un convenio de ampliación del plazo para finalizar la obra en 121 días adicionales.

 

A pesar de que la obra no se concluyó, en 2016 la secretaría de Obras Públicas adjudicó un segundo contrato a Constructora y Cribados Almoza SA de CV, pero ahora para realizar el drenaje pluvial y la pavimentación en el mismo bulevar. El contrato fue por ocho millones 94 mil pesos.

Casi al finalizar el 2016, Constructora y Cribados Almoza SA de CV recibió otro contrato pero ahora para construir un cruce ferroviario en el mismo bulevar. El nuevo contrato fue por un millón 846 mil pesos. A esta misma constructora se contrató en 2016 para construir el mismo tramo por el que ya se le había pagado en 2014. Sin embargo, a pesar de la firma de los contratos, en el lugar no hay obras.

En la primera construcción de 2014, el bulevar llegó hasta unos metros adelante del cruce con el bulevar Villas del Río, pero no conectó con la carretera Culiacancito, como estaba proyectada la obra por la que se pagaron 41 millones de pesos.

La justificación es un pleito legal con los propietarios de un terreno de 9 mil metros cuadrados que impide que el bulevar conecte con la carretera.

A pesar de que el terreno seguía en conflicto, antes de terminar el sexenio el gobierno de López Valdez adjudicó dos contratos para realizar obras en el lugar.

Se trata de un contrato con SEMEX SA de CV para el suministro e instalación de la señalización de un cruce ferroviario por cuatro millones 905 mil pesos y otro contrato más con Constructora y Crivados Almoza SA de CV para edificar la obra civil del mismo cruce ferroviario por un millón 846 mil pesos. A la fecha, el cruce ferroviario no existe.

 

Los sancionados:

 

ARMANDO VILLARREAL IBARRA

Ex Secretario de Administración y Finanzas

Sanción: Inhabilitación de 7 años.

 

JOSÉ LUIS SEVILLA SUÁREZ PEREDO

Ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Sanción: Inhabilitación por 3 años.

 

ANDRÉS DANIEL GUZMÁN COTA

Ex Subsecretario de Egresos

Sanción: Inhabilitación de 5 años.

ERNESTO HERRERA FÉLIX

Ex Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas

Sanción: Inhabilitación de 3 años.

ANDRÉS DANIEL GUZMÁN COTA

Ex Subsecretario de Egresos

Sanción: Inhabilitación de 6 años.

CARLOS RAMÓN LÓPEZ CASTRO

Ex Subsecretario de Programación y Contratos de Obras Públicas

Sanción: Suspensión de 90 días.

DIONICIO SÁNCHEZ FÉLIX

Ex Director de Control Administrativo de Obras Públicas

Sanción: Suspensión de seis meses.

 

3 Comentarios en “Inhabilitan a dos de los hombres fuertes de ‘Malova’

  1. Puras puterias del boca chueca de Quirino, mucho les ha de poder a estas Ratas que los inhabiliten.es una cortina más de humo para desviar la atención, el pelele de Quirino hace lo que le indican quienes lo manipulan, el es solo un pendejo.

  2. Y EL DINERO????? DONDE QUEDO??? DE QUE SIRVE QUE LOS INHABILITEN SI NO VAN A REGRESAR EL DINERO…ESE LO ESTRAN DISFRUTANDO ELLOS Y SU FAMILIAS…LES VALE MA…LA INHABILITACION….

  3. O A CASOS AHÍ ALGUIEN DE LOS GOBERNADORES O FUNCIONARIOS PAGANDO LO ROBADO Y CUMPLIENDO SENTENCIA.
    • César Duarte Jáquez
    • Javier Duarte de Ochoa
    • Javier Corral
    • Rubén Moreira Valdez.
    • Aristóteles Sandoval Díaz
    • Eruviel Ávila Villegas
    • Fausto Vallejo Figueroa
    • Roberto Borge Angulo
    • Mario Anguiano Moreno
    • Miguel Alonso Reyes, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
    • Carlos Lozano de la Torre
    • Lozano de la Torre
    • Francisco Olvera
    • Jorge Herrera Caldera
    • Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba la cereza del pastel, que di fue detenido pero en Italia.
    Y la lista es larga,
    LO QUE NO VEDEMOS PERDER DE VISTA SON A QUIENES ESTÁN EN LAS NUEVAS SECRETARIAS, QUE VIENEN CON EL MISMO PROPÓSITO, DE ROBAR A MAS NO PODER.
    VEAMOS CUANTAS DENUNCIAS ANTE LA PGR HACE LA SAGAZ AUDITORIA DEL ESTADO, A LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, LA NUEVA SECRETARIA DE PESCA, SEDESOL, SAGARPA Y SECRETARIA DE ECONOMIA, YA QUE ESTE AÑO YA TIENEN, IRREGULARIDADES Y AMERITAN SANCIONES, ESTO EN SUS TREMENDOS CASTIGOS A LOS FUNCIONARIOS.

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