Gobierno de Malova, deudas millonarias con el SNTE, STASE, ISSSTE y el IPES  

 

 

 

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El gobierno de Sinaloa no sólo le debe a sus proveedores o a los bancos con quienes ha contratado créditos. La administración de Mario López Valdez también tiene deudas millonarias con sus propios trabajadores.

Pero de una de las más alarmantes es la deuda con el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), que hasta enero de este año alcanzaba los 827 millones de pesos. Un monto que se multiplicó por cinco en los últimos tres años.

Por lo menos desde 2013, la tesorería de Sinaloa a cargo de Armando Villarreal Ibarra, dejó de pagar seguros de vida, cajas de ahorro, préstamos a caja de ahorro, seguros de gastos funerarios, aportaciones al ISSSTE, aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y hasta el Impuesto Sobre la Renta.

Es decir, la administración de López Valdez sí retuvo las aportaciones salariales de sus empleados pero les dio un destino diferente, un destino que es incierto.

En días pasados, la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acusó el “jineteo de recursos” con el sueldo de sus afiliados y advirtió de un paro laboral que fue desactivado tras gestiones con el gobierno de Sinaloa y la promesa de abonar a su deuda 550 millones de pesos.

Lo cierto es que según los informes de fiscalización de Cuenta Pública de 2013, 2014 y 2015, realizados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa ha sido observada por este vicio cada semestre y se han ordenado sanciones administrativas contra los responsables del desvío de recursos.

Antonio Vega Gaxiola, titular de la ASE admitió que la acción puede catalogarse como peculado y advirtió que de detectarse la reincidencia en la cuenta pública de 2016, la cual se encuentra en revisión actualmente, podrían presentarse denuncias penales contra los responsables.

 

IPES, deuda disparada

En los últimos tres años, el gobierno de Sinaloa dejó en cero las aportaciones de sus trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y quintuplicó su deuda.

De 2013 a 2015, la deuda con el IPES pasó de 157 millones a 827 millones de pesos.

El antecedente más antiguo de la deuda al Instituto de Pensiones de Sinaloa, con el que cuenta Ríodoce, se obtuvo del Informe de Fiscalización de Cuenta Pública del primer semestre de 2013.

En ese entonces, el gobierno de Sinaloa había cerrado el 2012 con una deuda de 157 millones 521 mil pesos, un monto que se originó en las aportaciones que se descontaron a los burócratas pero que nunca llegaron al IPES.

Un semestre después, al 30 de junio de 2013, la ASE revisó si la tesorería había entregado los 157 millones, pero encontró que a lo largo de ese semestre sólo aportó 22 mil 335 pesos.

Pero eso no fue todo. Además de no aportar el recurso pendiente de 2012, en el primer semestre de 2013, la tesorería retuvo otros 94 millones 875 mil pesos de cuotas del trabajador para el Instituto de Pensiones. Pero de este recurso sólo aportó 27 millones 236 mil pesos.

Un año después, la ASE volvió a revisar las cuentas con el IPES y encontró que al cierre del 2014, la deuda acumulada de semestres anteriores había llegado a 507 millones 559 mil 373 pesos.

Además, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, la tesorería retuvo otros 155 millones 223 mil pesos, pero según lo que reportó la ASE, hasta enero de 2015 no habían sido pagados.

Cada semestre, desde 2013 a 2015, la tesorería retuvo entre 155 a 165 millones de pesos por concepto de cuotas de aportación del IPES pero no reportó un solo peso.

Al cierre del primer semestre de 2015, el gobierno de Sinaloa debía 827 millones 931 mil 428 pesos, una cantidad que al terminar ese año sólo se redujo en 500 mil pesos.

 

El vicio del jineteo

El vicio de la tesorería de Sinaloa de usar dinero de un rubro y después devolverlo con un retraso que genera multas, violenta la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Pensiones del Estado y el Acuerdo de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública de Sinaloa, así como los convenios de colaboración con el SNTE 53 y el STASE.

Así lo señala reiteradamente la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en los últimos seis informes de fiscalización que ha realizado a las cuentas de la administración de Mario López Valdez, desde 2013 a 2015.

Cada vez que la tesorería estatal retiene las aportaciones de los trabajadores y no las entrega a donde corresponde, la ASE ordena una sanción administrativa al funcionario responsable pero al siguiente semestre la acción se repite, una y otra vez.

En la última revisión que se hizo a las finanzas de Sinaloa, correspondiente al segundo semestre de 2015, la tesorería acumulaba una deuda de 826 millones 746 mil 844 pesos con el Instituto de Pensiones de Sinaloa, por aportaciones que se le cobraron al trabajador pero no llegaron al Instituto.

Ese mismo año, la tesorería registró una deuda de 56 millones de pesos por las retenciones que no entregó al Fideicomiso FIGLOSNTE de la sección 53 del SNTE.

Según se explica en el informe, en el primer semestre de 2015, la tesorería retuvo del sueldo de los trabajadores de la educación un total 139 millones 236 mil pesos que se aportarían a prestaciones sindicales como seguros de vida, caja de ahorro, préstamo de caja de ahorro, gastos funerarios y cuota sindical.

Pero de este total sólo entregó 5 millones al SNTE 53 por las cuotas sindicales y 77 millones al Fideicomiso FIGLOSNTE por las diversas prestaciones. Quedó pendiente una suma de 56 millones 542 mil pesos.

Calcular una deuda total de la tesorería con el SNTE, el ISSSTE o el STASE, sería indeterminable, debido a que cada semestre la tesorería abona a su saldo pendiente, pero también lo incrementa.

Falta de recursos, la justificación

“Es un problema serio y no se justifica, si ellos retuvieron ellos debieron haberlo entregado”, criticó el auditor superior Antonio Vega Gaxiola.

En entrevista, el auditor del Estado reconoció que las retenciones de aportaciones de los trabajadores no han llegado a su destino en múltiples ocasiones, en algunos casos se ha retrasado su entrega en plazos que exceden el tiempo permitido por la ley y en otros se ha convertido en una deuda.

Sin embargo, Vega Gaxiola advirtió que la problemática no es exclusiva del gobierno de Sinaloa y aseguró que los 18 municipios también caen en este vicio.

 

“La falta de recursos ha provocado ese problema que no debió de haberse dado, ese es un recurso que le están reteniendo a los trabajadores y que debieron de haberlo entregado a donde corresponde, ya sea al SAT, IMSS, ISSSTE, a donde corresponda”, dijo.

Y agregó “¿Qué si hay una irregularidad? Totalmente. La hay”.

 

—¿Pero en cada cuenta ustedes lo señalan y ellos lo vuelven a hacer —se le cuestionó.

—Sí es así, siempre lo hemos señalado. Siempre se consiga que hay retenciones realizadas y que no han sido enteradas, pero eso le corresponde a los órganos de control interno, la Unidad de Transparencia y los síndicos procuradores en los municipios, pero como no han actuado nosotros vamos a retomar el caso y vamos a presentar las denuncias correspondientes.

 

­­—¿Denuncias penales, ante la Procuraduría?

—Sí está castigable el tema. Jurídicamente es peculado, es un delito penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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