Documentadas, las pruebas de actos de corrupción del sexenio malovista
Las irregularidades que dio a conocer esta semana el gobierno de Quirino Ordaz Coppel de la revisión a la administración de Mario López Valdez, no son noticia nueva. Durante los seis años de gobierno del mochiteco, la Auditoría Superior del Estado señaló cada una de las faltas y el Congreso de Sinaloa y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas lo dejaron pasar.
Para evidenciar lo anterior basta dar una hojeada a los archivos de notas periodísticas y reportajes en diversos medios de comunicación que fueron mostrando las piezas del rompecabezas de la corrupción y el desaseo, poco a poco, sin que ninguna autoridad hiciera algo por frenar el desfalco.
Tan sólo de 2014 a 2016, Ríodoce publicó 23 notas periodísticas y reportajes en donde se detallan los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, en los que constantemente se señalaron las irregularidades cometidas en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAYF) de Armando Villarreal Ibarra y la Secretaría de Obras Públicas, con José Luis Sevilla Suárez.
Pero fue desde el primer año de gobierno cuando la ASE comenzó a alertar de las malas prácticas. Prueba de ello fue la denuncia penal que la ASE presentó en contra de Sergio Guevara Colunga, ex director de Servicios Generales de la SAYF, por utilizar facturas apócrifas durante 2011 y 2012, una práctica que continuó y que actualmente forma parte de las irregularidades expuestas por el gobierno de Ordaz Coppel.
También destaca el Índice de Obra Pública Abierta, elaborado por la organización civil Iniciativa Sinaloa en 2015. A través de ese diagnóstico, la organización detectó que el gobierno estatal realizaba obras sin planeación y sin presupuesto, sin las licitaciones de ley y sin sustentos técnicos para la contratación.
Incluso, a pocos días de dejar el cargo, José Luis Sevilla Suárez, secretario de Obras Públicas, confesó que a lo largo del sexenio la obra pública se asignó por compadrazgos y a base de ocurrencias.
Denuncias penales inciertas
Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STYRC), admitió que no está en sus manos la presentación de denuncias penales en contra de los ex funcionarios implicados.
Luego de revelar las irregularidades encontradas en el sexenio de López Valdez, Aviña Martínez explicó que ante el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno se presentará hechos o querellas, los cuales deberán ser evaluados por esta área y será su facultad exclusiva la decisión de presentar o no las denuncias penales ante la fiscalía correspondiente.
Mientras tanto la STYRC informó que abrió tres expedientes para iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de por lo menos nueve ex funcionarios. Estos primeros tres expedientes son por el uso irregular de mil 021 millones de pesos pero en los próximos días se abrirían más expedientes por irregularidades en mil 143 millones de pesos, dando un total de 2 mil 164 millones de pesos que se utilizaron violentando la ley, durante el sexenio de López Valdez.
Según lo expuesto en rueda de prensa, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel revisó en los últimos seis meses, los saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no federalizado y 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras.
Se encontró que existe una deuda de mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al ISSSTESIN.
De los recursos que envió el gobierno federal para la obra pública, el gobierno de López Valdez realizó traspasos no justificados a otras cuentas estatales por 563 millones de pesos.
Además, en una revisión 4 mil 800 pólizas por 830 millones de pesos, se detectaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación, ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto.
En la obra pública también se encontraron convenios para modificar el presupuesto fuera del margen permitido por la ley. De 115 convenios de obra pública revisados se encontraron 23 contratos en donde el convenio de ampliación superó el 25 por ciento que permite la ley. También se entregaron contratos de obra pública sin contar con derechos de propiedad de los terrenos y sin contar con autorizaciones para los presupuestos.
El gobierno de Mario López Valdez también contrató a proveedores que han sido sancionados por la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria.
NOTA: Al existir una serie de imprecisiones en lo expuesto durante la rueda de prensa, Ríodoce envió un cuestionario con 10 preguntas sobre datos específicos a la STYRC, la cual sostuvo a lo largo de la semana que daría respuesta pero hasta el cierre de esta edición no respondió.
Gasto bajo sospecha
6 julio 2014
https://riodoce.mx/noticias/gasto-bajo-sospecha
El Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa (CCVTS) anunció el término de su labor de vigilancia al Megacredito por 2 mil 60 millones de pesos, enmarcado en una denuncia pública por la resistencia gubernamental a transparentar el ejercicio del recurso.
Los millones que se esfuman
20 julio 2014
https://riodoce.mx/noticias/encuentra-la-ase-anomalias-en-agricultura-faltan-80-mdp
Mientras la crisis en el campo, la pesca y la ganadería es implacable, el Fondo para el Fomento Agropecuario de Sinaloa (FOFAE) registra señalamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el posible daño o perjuicio a las arcas federales y estatales en casi el 82 por ciento de la muestra auditada, un monto de 80 millones 845 mil 155 pesos
Los mil millones que gobierno jinetea
3 agosto de 2014
https://riodoce.mx/noticias/retiene-el-gobierno-mil-millones-a-trabajadores
Gobierno del Estado retiene a sus trabajadores pagos por servicios funerarios, seguros de vida, créditos y fideicomisos de jubilación, pero no los paga a los contratistas. La Secretaría de Administración y Finanzas acumuló un adeudo de mil 146 millones 133 mil 584 pesos obtenidos de las retenciones efectuadas a los trabajadores y que no han sido pagadas al beneficiario desde 2012 y a lo largo de 2013.
Los rastros del desorden
22 de febrero 2015
Desvío de fondos, falta de transparencia y subejercicios del presupuesto, detecta la ASF en Sinaloa, quinto lugar entre las entidades más observadas.
¿Dónde está el dinero?
6 marzo 2016
https://riodoce.mx/sincategoria/donde-esta-el-dinero
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades o recursos que desaparecieron en Sinaloa, sin explicación alguna, por un total de 811 millones 394 mil 569 pesos. Un monto con el que se pudiera haber construido dos veces el nuevo estadio de los Tomateros o comprar más de 500 residencias en un fraccionamiento de Nuevo Altata.
Prácticas ilícitas en obras públicas
14 febrero 2016
https://riodoce.mx/gob-politica/practicas-ilicitas-en-obras-publicas
El gobierno estatal realizó obras que no se planearon y presupuestaron, sin licitar y sin sustentos técnicos para la contratación. La obra pública que se construye en Sinaloa pareciera un oscuro laberinto al que no cualquiera puede acceder y una vez que se llega a ella, entenderla es aún más complejo.
Los amigos de la academia
10 de julio 2016
https://riodoce.mx/noticias/los-amigos-de-la-academia
Violentando los convenios de ampliación de tiempos y presupuestos, el proyecto beisbolero de Malova pasó de 90 millones de pesos, a un inversión final de 220 millones de pesos.
Megacrédito, obras inconclusas, canceladas o detenidas por fallas
21 agosto 2016
Obras inconclusas, abandonadas, detenidas por fallas en la planeación y otras apenas a punto de concluirse, es lo que se encontró en un recorrido realizado por el norte, centro y sur de Sinaloa para corroborar el estado de las 541 obras contratadas con dos mil 600 millones de pesos que López Valdez pidió prestados a la banca a finales de su primer año de gobierno
Perdidos 29 mdp del megacrédito
28 agosto, 2016
https://riodoce.mx/noticias/perdidos-29-mdp-del-megacredito
Por obras pagadas en exceso y ejecutadas parcialmente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) le exigió al gobierno de Sinaloa que aclare o regrese 29 millones 194 mil 161 pesos del megacrédito que contrató Mario López Valdez a principios de su administración.
El vendedor amigo
2 octubre 2016
https://riodoce.mx/noticias/el-vendedor-amigo
Malova pagó 92 millones a su padre empresarial, Nalo Felix, por casi la mitad de autos comprados en el sexenio
Abiertas ocho denuncias penales por mal uso de recursos en gobierno de Malova
30 octubre 2016
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que existen ocho denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el mal uso de recursos federales durante la administración de Mario López Valdez.
El gran desfalco
7 noviembre 2016
El gobierno de Sinaloa no sólo le debe a sus proveedores o a los bancos con quienes ha contratado créditos. La administración de Mario López Valdez también tiene deudas millonarias con sus propios trabajadores. Pero de una de las más alarmantes es la deuda con el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), que hasta enero de este año alcanzaba los 827 millones de pesos. Un monto que se multiplicó por cinco en los últimos tres años.
Malova autorizó 247 mdp para empresas fantasmas
12 junio de 2017
https://riodoce.mx/gob-politica/malova-autorizo-247-mdp-para-empresas-fantasmas
Empresas que simularon operaciones, que emitieron facturas apócrifas o que son consideradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron contratadas por el gobierno de Mario López Valdez, por un monto de hasta 247 millones de pesos.
El voraz “jineteo” de Malova al IPES
El “jineteo” a las aportaciones de los burócratas para el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), comenzó de forma discreta, cuidadosa, casi tímida. En un descuido, la práctica ilegal se convirtió en una bola de nieve, en un presunto desvío de recursos públicos voraz que inició con la retención de 148 millones de pesos en 2012 y se transformó, al paso de cuatro años, en una deuda de mil 352 millones de pesos.
Estos datos forman parte de un documento que se obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública a principios de 2017 pero también son parte del informe de irregularidades que presentó esta semana el gobierno de Sinaloa y por el cual se abrieron procesos de sanción en contra de nueve ex funcionarios.
En el informe obtenido vía acceso a la información, elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAYF), se detalla mes por mes, desde 2012 a 2016, la relación de recursos pendientes de enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al cierre de diciembre de 2016.
Todo comenzó en la segunda quincena de junio de 2012 cuando se retuvieron 10 millones 748 mil pesos del sueldo de los trabajadores y en lugar de aportarlos al IPES se desviaron hacia otro uso que hasta la fecha se desconoce.
Al llegar a la segunda quincena de diciembre de 2012 se habían acumulado 149 millones de pesos retenidos y sin enterar.
Pero no paró ahí. En 2013 la acción volvió a empezar, a pesar de que la Auditoría Superior del Estado ya había detectado la irregularidad y exigía a la SAYF que reintegrara el recurso y detuviera la práctica
El tercer año de gobierno de Mario López Valdez le sumó a la irregularidad otros 265 millones 626 mil pesos. Ese año sólo se enteraron los recursos de enero, pero a partir de la primera quincena de febrero cada quincena se dejaron de aportar las cuotas del trabajador, a pesar de que sí se las retuvieron. Este año tampoco está claro para qué utilizaron el recurso.
Y de nuevo, la ASE señaló la irregularidad en los informes de fiscalización a la cuenta pública del primer y segundo semestre de 2013.
2014 no fue la excepción. Ese año se entregaron normalmente las aportaciones de enero, febrero y marzo pero a partir de abril de nuevo se volvió a desviar el recurso y no paró hasta que terminó el año. En 2014 se agregaron otros 230 millones 894 mil pesos que se retuvieron a los trabajadores pero no llegaron a su destino.
En 2015, la tesorería a cargo de Armando Villarreal Ibarra ignoró por completo al máximo órgano de fiscalización y continuó con su juego de retener cuotas a sus trabajadores y no aportarlas a su fin, en este caso a los fondos de ahorro para la pensión de los burócratas.
Al cierre de 2015 se acumularon 336 millones 438 mil pesos más.
Y en la recta final del sexenio, en 2016 tampoco se entregaron los recursos en ninguna de las quincenas. La ASE siguió señalando la irregularidad pero nunca llegó a sanciones reales.
A mediados del año, el caso se hizo público luego de que un líder sindical lo ventilara en los medios y ser cuestionado por la prensa, el auditor Antonio Vega Gaxiola admitió que la práctica constituía un delito y aseguró que interpondría la denuncia correspondiente pero hasta la fecha en que renunció a la ASE la denuncia no se había presentado.
El pasado lunes 10 de julio, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas reveló los resultados de una auditoría interna realizada a las finanzas que entregó la administración de Mario López Valdez. Entre las irregularidades detectas, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel señaló las retenciones a las cuotas de los trabajadores que nunca llegaron a su destino. Además del IPES, también se le adeuda al ISSSTESIN, a seguros de vida, créditos hipotecarios y préstamos personales que los burócratas pagaban a través de las retenciones que la administración les aplicaba a su nómina pero no entregaba.
El dinero de los burócratas que no aparece:
2012 – 148 millones 997 mil 965 pesos
2013 – 265 millones 626 mil 942 pesos
2014 – 230 millones 894 mil 110 pesos
2015 – 336 millones 438 mil 673 pesos
2016 – 370 millones 144 mil 123 pesos
Total – Mil 352 millones 101 mil 813 pesos
