Fiscalía General de Sinaloa, iniciativa “a modo” de corto alcance: Francisco Higuera

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FRANCISCO HIGUERA. Quiere el Gobernador “meter mano” en todo.

“La iniciativa de reforma que crea la fiscalía general del estado autónoma tiene aspectos que son un retroceso democrático que muestra que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel sigue la misma lógica absolutista de otros mandatarios que quieren meter la mano en todos lados”.

El abogado constitucionalista Francisco Higuera Castro, señaló que es preocupante la propuesta, porque el Gobernador estará facultado para proponer al Fiscal, designarlo y removerlo.

“Me parece que de inicio, siendo ésta una de las primeras iniciativas que manda el Gobernador, no está mandando una señal que aliente en materia de avance, ni nos está mandando una buena señal a la hora de que quiere tener ese poder de nombrar y remover prácticamente al fiscal”, dijo.

Da la impresión, agregó, “que es tanta la premura que quieren hacer un traje a la medida para alguien que ya tiene la designación del Gobernador”.

Mencionó además que se está dejando pasar la gran oportunidad de reestructurar la institución encargada de la procuración de justicia, pues solo habrá cambio de nombre pero seguirá con todo sus males.

El lunes el Gobernador presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política del Estado para desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado y crear la fiscalía general y dotarla de autonomía del Poder Ejecutivo.

Actualmente, el Procurador General de Justicia es electo con un proceso que inicia en el Consejo Estatal de Seguridad Pública donde comparecen los aspirantes y de ahí se selecciona una terna, de la cual el Gobernador elige a uno y manda la propuesta al Congreso para que lo ratifique o rechace.

Con la Reforma propuesta por Ordaz Coppel, el Artículo 65 en su fracción 22 habla que será facultad del Gobernador participar en la designación o remoción del Fiscal General y el Artículo 76 Bis en la fracción Primera concede la facultad al Gobernador para formar una terna de quien él considere que son idóneos.

El Gobernador propondría esa terna al Congreso y con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes elegirán al fiscal, pero si en 10 días entre los diputados no hay consenso, será el Gobernador quien designe al titular.

Para Higuera Castro esta propuesta es muy preocupante porque atenta contra el principio de independencia del fiscal desde el inicio, porque será el Gobernador el que decida quién es parte de la terna.

“No está siendo congruente la iniciativa con el sentido de lo que es un órgano autónomo porque esto afecta a la independencia del fiscal, creo que no es cosa menor, al contrario, es un retroceso porque en el diseño actual la propuesta sale del Consejo, se siguen moviendo en el mismo modelo de gobernadores con una lógica absolutista que quieren meter la mano en todos lados pero eso ataca directamente la independencia.

“Si van a crear una Fiscalía con estos problemas no vamos a ir a ningún lado en materia de avance en la seguridad para los sinaloenses porque seguirá siendo el Gobernador el que se coloca con todo el peso, me parece que un buen mensaje mandaría el Gobernador retirando esta facultad que quiere tener porque es un retroceso en materia de independencia de la futura fiscalía”, indicó.

Consideró que el fiscal tendría que ser electo con un proceso en el que el mandatario estatal no tuviera ninguna injerencia.

Con ese modelo de elección del fiscal, indicó, Quirino  Ordaz no tendría ningún problema para por que su partido tiene mayoría en el Congreso.

En la iniciativa, el Artículo 70 en la fracción Tercera habla que la remoción del Fiscal será facultad del Gobernador y el Congreso tiene 10 días para objetarlo con la votación por lo menos las dos terceras partes pero si los legisladores no se pronuncian se entenderá que no existe objeción.

“Es muy poco serio que se atrevan tan siquiera a plantear eso, es un retroceso en materia de equilibrio elemental de poderes y los órganos autónomos; si el gobernador tiene facultad de formar ternas, si el Congreso no aprueba tiene facultad de nombrarlo y además tiene facultad de removerlo, ¿cuál independencia?

“Qué fiscal se va atrever a desarrollar su función como un órgano autónomo si tiene encima la presión de que el Gobernador lo puede remover y usted cree que le van a objetar al Gobernador cuando la mayoría son de su partido”, expresó.

El Artículo Sexto Transitorio establece que tanto los recursos materiales como humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasan a la Fiscalía General.

Higuera Castro señaló que en vez de pasar todos los recursos a la fiscalía debería aprovecharse la ocasión para reestructurar y sanear el órgano encargado de perseguir y castigar los delitos.

Mencionó que hay que transformar no solo el nombre sino también la esencia la función ministerial.

“En automático van a trasladar todos los males, pues que mal se le va hacer a la fiscalía, me parece que sería oportuno que se queden los que deben de quedarse a partir de su honestidad y capacidad y de su trabajo y que abran paso a otros que lleguen con otra mentalidad con más capacidad. Este es un momento para sacudir el árbol y que el actual gobierno y actuales poderes hagan una verdadera revisión de qué hay dentro, una reestructura completa, no nada más de nombre, es toda la maquinaria de la actual Procuraduría, toda la ingeniería y el diseño de cómo está funcionando porque hay algo muy evidente: estamos muy mal”, indicó.

El abogado comentó que en la iniciativa al Gobernador le faltó incluir en la exposición de motivos un diagnóstico del estado en que se encuentra la Procuraduría General de Justicia.

Por Ley, aseguró, el Gobernador está obligado a fundar y motivar las reformas de Ley y Ordaz Coppel solo fundamentó la Reforma a la Constitución Política del Estado, pero no dice cuáles son las motivaciones para que legalmente desaparezca la Procuraduría actual y se cree la Fiscalía General.

La iniciativa propone que el fiscal dure nueve años en el cargo sin reelección y anualmente deberá presentar un informe a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

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