Fingía Bernardo Cárdenas combatir la corrupción desde el gobierno

 

BERNARDO CÁRDENAS SOTO.

 

En 2014, el entonces subsecretario de Normatividad e Información Registral de la Secretaría General de Gobierno, Bernardo Cárdenas Soto, auguraba: “en corto plazo, me veo cumpliendo con los compromisos de esta Subsecretaría; a mediano y largo plazo no lo tengo contemplado; donde mejor sirva a mi Gobernador, al Secretario Gerardo Vargas Landeros, y a mi partido, el Revolucionario Institucional”.

Tres años después, se acabó la fiesta y el 5 de diciembre se presentó en audiencia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para aclarar algunas notas sobre expedición de licencias y cartas de opinión favorable de alcoholes.

Todavía no se terminaba la “borrachera” política del malovismo cuando Bernardo Cárdenas Soto, empresario metido a la política, ebrio de optimismo, expresaba su deseo de seguir apoyando a los emprendedores para que realizaran en Sinaloa lo considerado imposible y hacía un elogio a la locura.

“Todos los grandes inventos, proyectos en su inicio fueron considerados una locura; hace falta hacer muchas locuras de ese tipo en Sinaloa, eso me lo enseñó mi padre (Bernardo Cárdenas)”, ilustraba.

“¿De dónde? Mi papá quiso que trabajara en política; desde niño me tocó ver a mi padre relacionarse con políticos, jamás me interesó; fue en Los Mochis, con Mario López Valdez de alcalde, donde me tocó verlo transformarse de empresario a político, lo acompañaba a giras, reuniones en Palacio Municipal, a conocer de las necesidades, que uno no ve o no quiere ver”, dijo al periodista Javier Armenta, autor de El Relevo Generacional Político en Sinaloa.

“Escuchar historias de vida, y la frase del hoy nuestro gobernador Malova de ‘aquel que no hace por el lugar que vive no merece vivir en él’, me despertó el gusanito, pero la decisión no fue mía; Gerardo (Vargas Landeros) me motivaba y retaba constantemente; me ponía pruebas, y me dio lo más importante: su confianza en temas y tareas nuevas para mí, donde el margen de error no existía”, sostuvo.

Instalado en los “manicomios” del poder, por sus padres políticos arriba citados,

Cárdenas Soto, simulaba: “en tema de alcoholes lo primero que nos tocó enfrentar fue una dirección quizá con la peor imagen en temas de corrupción”.

Y enfatizaba: “se depuró el 80 por ciento del personal, se implementaron nuevos sistemas de control, documental, operativo, vehicular, de inspección y se adoptó como principal tarea el controlar enérgicamente el acceso a menores a bares y depósitos, y en consumo y compra de bebidas alcohólicas”.

 

Árbol torcido…

El empresario Bernardo Soto Cárdenas criticaba la sabiduría del refrán del campesinado mexicano: “árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza”.

“Para mí no aplica el lema de árbol que crece torcido no se endereza; creo que la vida está llena de oportunidades, y que es la buena actitud la que nos hace; soy positivo, creo en mi país, en su gente, en Dios nuestro señor, creo en la Selección Mexicana, el grito de sí se puede me encanta y creo en Sinaloa”,

El 4 de febrero de 2014, en un escrito dirigido a Rosa Alicia León Soto, entonces delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, los ejidatarios de El Conchi, acusaron que Héctor Manuel de la Vega Guerra, quien se adjudicaba la propiedad del terreno de la colonia Mundialista, había arrancado tres hojas del libro donde venía la inscripción del predio de 150 hectáreas.

Los campesinos criticaban que tanto León Soto, en Mazatlán, como su entonces homólogo Enrique Armit Gaxiola, en Culiacán, habrían solapado las presuntas fechorías del denunciado de la Vega Guerra, porque a pesar de que habían girado copia al entonces gobernador del estado, no habían hecho nada.

“Es un libro que está alterado, le rompieron las hojas, y ninguno de los dos funcionarios ha hecho nada y el delito público existe”, dijeron a Ríodoce.

Interesados en cooperar en el esclarecimiento de los hechos, los ejidatarios también enviaron copias a Gerardo Vargas Landeros y Jesús Antonio Sánchez Solís, entonces secretario de Gobierno y subprocurador de Justicia en la Zona Sur, respectivamente, en el Gobierno de Mario López Valdez.

E igualmente, los damnificados mandaron dichos oficios a Bernardo Cárdenas Soto, subsecretario de Normatividad e Información Registral, y a Víctor Guzmán Dagnino, de la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), pero dijeron que todos los funcionarios malovistas callaron.

A pesar de la evidente corrupción y el fraude, que los funcionarios malovistas argumentaban que venía de administraciones anteriores, Bernardo Cárdenas Soto se jactaba en 2014, haber cumplido los retos como servidor público.

“En temas de normatividad, la seguridad documental y registral era un problema que generaba abusos y corrupción; se requería poner candados que generaran seguridad jurídica del patrimonio de los sinaloenses y de su identidad, con documentación más segura para el Registro Civil, Registro Público, licencia de alcoholes donde a través de software y diversos controles, hemos logrado detectar y combatir los intentos de falsificación y fraude”.

Impunidad segura

“Como empresario que he sido siempre, renegué de las injusticias que se cometían en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el país; cuando me enteré que la Junta y Tribunal dependía de la subsecretaría a mi cargo, me prometí cambiar las cosas”, aseguraba.

Cárdenas Soto sostenía que el primer reto fue liberar las Juntas de las manos de grupos laboristas que debido a las carencias que éstas tenían en papelería, cómputo y vehículos para notificar, las volvía susceptibles y vulnerables.

“Decidimos erradicar malas prácticas y costumbres, de la mano de los presidentes de las Juntas del Estado y con la confianza y apoyo del secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros”, enfatizaba.

El expediente número JEA4-4-259-259/2002, Javier Pérez Sosa VS Club Vacacional de Mazatlán, A.C. y otros, radicado en la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, ilustra la simulación del empresario Bernardo Cárdenas Soto, exfuncionario malovista.

El Técnico en refrigeración, Javier Pérez Sosa, quien fue despedido “injustificadamente” de Condominios Islas del Sol, relató a Ríodoce que José Norberto López Corrales, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el sexenio de Mario López Valdez, vivía un maridaje con el abogado Clicerio Díaz Guzmán y Robert Keysors, administrador de los Condóminos.

Pérez Sosa dijo que tiene 15 años luchando, incluidos los seis años del Gobierno de Mario López Valdez, para que le hicieran justicia, pero que Norberto López Corrales se confabuló con su patrón gringo para no pagarle.

“Yo lo único que pido es que me paguen lo justo, ni más ni menos”, indicó el trabajador despedido de Condominios Islas del Sol.

Reportaje publicado el 10 de diciembre de 2017 en la edición 776 del semanario Ríodoce.

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