Desfalca gobierno al Instituto de Pensiones

ipes

 

Creado  en 2009 con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) padece un quebranto financiero que pone en riesgo su operación.

De acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al anteúltimo semestre del sexenio de Mario López Valdez, el adeudo del gobierno estatal al IPES ya sumaba 998 millones de pesos.

Los adeudos no pararon ahí. Han crecido como una bola de nieve. Al describir la situación financiera del gobierno estatal heredada a Quirino Ordaz Coppel, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, precisó que tienen registros de adeudos mil 725 millones de pesos al instituto de pensiones, lo que ha generado descapitalización de los fondos y el incumplimiento de algunos compromisos.

Tras la revisión de la documentación recibida, el tesorero estatal afirmó que las pensiones representan el mayor crecimiento en el gasto del Gobierno del Estado, las cuales se cubren con recursos propios.

“Históricamente  el Estado no ha hecho las previsiones necesarias, teniendo que distraer recursos de programas prioritarios, además de las cuotas y aportaciones que tiene que dar a los trabajadores”.

La Secretaría de Administración y Finanzas tiene registros que del período de 2011 al 2016, los jubilados aumentaron en 77 por ciento, al pasar de 7 mil 323 a 13 mil tres. Lo anterior provocó que el subsidio pasara de 709 millones en 2010, a 2 mil 900 millones en 2017, lo que representa un crecimiento del 309 por ciento.

En el origen del IPES, junto con modificaciones a la Ley de Pensiones, el entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla argumentó ante el Poder Legislativo, que todo régimen de pensiones para que sea exitoso y útil a los trabajadores debe cimentarse en una estructura sólida y un plan financiero debidamente soportado, a fin de prever sortear cualquier riesgo o contingencia económica que en el futuro pudiera presentarse.

Cálculos del gobierno estatal estimaban entonces que la carga de pensiones resultaría insostenible en menos de una década, por lo que promovió en 2009 el beneficio de una jubilación o pensión para los trabajadores al servicio del Gobierno, bajo un nuevo sistema en el cual los trabajadores realizarían una aportación para que el peso económico no recayera en su totalidad a cargo del gobierno-patrón.

Sin embargo, el quebranto financiero del IPES, empezó desde su fundación en 2009, cuando se registraron los primeros adeudos por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, como el mismo secretario del STASE, Armando Heráldez, lo asegura.

El incumplimiento de las aportaciones al IPES han transitado por dos sexenios, primero por el de Aguilar Padilla y luego por el de Mario López Valdez. Ahora corresponderá el turno de Quirino Ordaz Coppel para pagar las retenciones, además de pagar o al menos abonar las aportaciones que no fueron pagadas por sus antecesores.

Pese a que el IPES arrastra un adeudo del gobierno estatal por retenciones no enteradas, y que en el último semestre auditado no se registró centavo alguno pagado por el gobierno estatal, el Congreso del Estado aprobó el pasado primero de febrero que ahora el gobierno estatal a cargo de Quirino Ordaz Coppel retendría no el 7.6 por ciento, sino el 10.6 por ciento de los salarios de los trabajadores de nuevo ingreso.

La propuesta para incrementar en un tres por ciento las aportaciones de los trabajadores al IPES fue presentada por el entonces gobernador Mario López Valdez al Congreso del Estado, dos meses antes de concluir su sexenio, pero fue aprobado en febrero, bajo el mandato de Ordaz Coppel,  quien ahora le tocará retener el  10.6 por ciento de los  salarios de los trabajadores de nuevo ingreso.

En la misma iniciativa se subrayó que era indispensable fortalecer la capacidad financiera del IPES para permitir a los trabajadores al servicio del gobierno estatal retirarse con una pensión digna, dentro de un sistema financieramente autosustentable.

Hermético, el director del IPES, Francisco Javier Pinedo de Anda,  prefiere no dar entrevistas  para explicar la situación financiera, para que sea la Secretaría de Administración y Finanzas quien la explique.

Desviaciones perdonadas

Pese a que ha existido por ocho años una evidente desviación de recursos que fueron retenidos a los trabajadores al servicio del estado y fueron utilizados para fines hasta el momento desconocidos, no se conoce que existan sanciones a funcionarios.

El secretario general del STASE, Armando Heráldez, a pesar que conoce la situación y que desde el inicio del IPES se iniciaron los adeudos del gobierno estatal, no ha entrado en la defensa de la situación y en cambio traslada la responsabilidad a los diputados.

En opinión del dirigente sindical, es la Comisión de Hacienda junto la ASE, las encargadas de cobrarle al Gobierno del Estado: “Son ellos son los que se deben encargar prácticamente de llegar a acuerdos entre todas las fracciones de los diputados para ver cómo solucionar ese conflicto de lo que nos descuentan a nosotros y lo que tiene que pagar Gobierno, lo tiene que liquidar al IPES”.

“La Ley de Pensiones no la puso el STASE, fue Gobierno del Estado, y a ellos les corresponde como autoridades solucionar este conflicto”.

Al revisarse la cuenta pública del segundo semestre de 2016 de Malova, José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó que las retenciones y contribuciones no enteradas fueron consideradas como un tema no relevante por la ASE, es decir, que sólo ameritan una sanción administrativa, “un problema de papeles”. Ello indica que son observaciones que no llevarán a resarcir el daño causado a la hacienda pública ni llegarán  a denuncias penales que castiguen a los responsables.

“Algo que no estamos dispuestos a permitir”, externó el diputado al calor de la suspensión de la cuenta pública de Malova.

En cada una de la auditorías realizadas por la ASE a las cuentas públicas del gobierno estatal, se ha hecho la observación sobre la falta de pagos de aportaciones patronales y las retenciones de trabajadores no entregadas, pero no se ha considerado un asunto grave. La ASE se ha limitado a la promoción de una responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que generaron el incumplimiento ante la  Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

El presidente de la Comisión de Fiscalización consideró como grave la omisión de pagos del gobierno estatal al IPES, al no enterar las retenciones de los trabajadores ni tampoco la parte patronal que corresponde.

De acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del gobierno estatal al primer semestre de 2016, la ASE no encontró registros contables de que las retenciones que se hacen a los trabajadores se hayan entregado al IPES, ni tampoco pagos de retenciones pendientes de ejercicios anteriores.

Las dudas sobre la situación del IPES motivaron que la Comisión de Fiscalización agregara en el programa de auditorías del segundo semestre de 2016 a este organismo descentralizado.

 

 

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