Asegura Héctor Ponce que fue exonerado

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Héctor Ponce Ramos, ex secretario de Salud, aseguró que el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa lo exoneró de los delitos que se le imputaban.

A través de un video que circula en redes sociales, el ex funcionario de la administración de Jesús Aguilar Padilla aseguró que con el fallo se demuestra su inocencia y que fue “víctima de persecución política, calumnias y difamación”.

“Me fue notificado por el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, la sentencia que me exoneró de los infundados delitos por los que fui investigado, habiéndoseme juzgado totalmente inocente”, dijo.

“Como desde el primer día que iniciaron los ataques y acoso político, rechazo categóricamente todas las acusaciones que hicieron en mí contra, hoy con la resolución del magistrado amparo mi inocencia”.

En la grabación con duración de 2 minutos, agregó que contrario a lo que se dice, no es una persona acaudalada y obtiene sus ingresos como médico especialista.

“No soy una persona acaudalada como me calumniaron, soy un profesionista con sentido social y que se gana la vida atendiendo la salud de los sinaloenses”.

Las “falsas acusaciones” en su contra, que derivaron en órdenes de aprehensión, dijo que lo han afectado en su vida personal y profesional.

El médico neumólogo fue sujeto a proceso penal desde el 10 de diciembre de 2013, acusado de diversas irregularidades detectadas en 2010 en la secretaría de Salud, entonces a su cargo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusó al ex funcionario de haber usado recursos financieros con fines distintos a los que estaban programados.

La denuncia deriva del pliego de observaciones 08-A-25000-02-0693-06-012 de la revisión de la cuenta pública 2008 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que estableció un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por 16 millones 219 mil 338 pesos más los intereses generados.

La ASF detectó que con recursos destinados al programa Seguro Popular, durante 2008 se hicieron 951 pagos mensuales a 89 servidores públicos de mandos medios de la Secretaría de Salud por concepto de complementos de sueldo por 10 mil 420 pesos cada uno; además a 268 servidores considerados como operativos, les efectuaron 2 mil 264 pagos mensuales por compensación de sueldo por 5 mil 798 pesos cada bono.

El órgano fiscalizador determinó que los pagos no tenían sustento normativo que lo autorizara.

Ante dichas irregularidades, La entonces Secretaría de Contraloría de Desarrollo Administrativo del Estado abrió un expediente el 15 de diciembre de 2009, luego de recibir los resultados de la revisión realizada por la ASF, y el 13 de septiembre de 2010 formuló el pliego de observaciones como resultado del procedimiento administrativo, en el que se determinó que había presunta responsabilidad penal del entonces Secretario de Salud, pero no procedieron en su contra.

Los Servicios de Salud de Sinaloa reintegraron a las arcas del Gobierno Federal el dinero ejercido indebidamente, más de 3 millones 280 mil 590 pesos por concepto de intereses.

El representante jurídico del Gobierno del Estado presentó la denuncia contra Ponce Ramos en la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta el 3 de agosto de 2011 y la ratificó dos días después, cuando ya había concluido el sexenio de Aguilar Padilla y estaba en funciones la administración de Mario López Valdez.

Fue hasta el 2 de septiembre de 2013 cuando el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE ejerció acción penal, y el 25 de ese mes el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal libró la orden de aprehensión por el delito de desempeño irregular de la función pública.

El 8 de diciembre, Ponce Ramos se presentó en el Juzgado a rendir su declaración preparatoria, pero lo hizo con un amparo contra la orden de aprehensión y no pudo ser detenido.

Dos días después, el juez consideró que había elementos suficientes para acusarlo y dictó auto de formal prisión en la causa penal 249/2013.

El juzgador analizó y precisó cuáles eran los elementos constitutivos del cuerpo del delito de desempeño irregular de la función pública, y de manera fundada y motivada con las pruebas, se acreditan cada uno de los elementos constitutivos del cuerpo del ilícito y valoró los medios existentes de prueba.

La defensa del ex Secretario señaló que el plazo para denunciar ese delito es de dos años, a partir del día en que quienes puedan formular la querella, tengan conocimiento del ilícito, y argumentan que las autoridades conocieron los hechos desde 2008, y por tanto cuando se presentó la denuncia ya había transcurrido el plazo.

El Juez Quinto computó el plazo a partir de septiembre de 2010, cuando se formuló el pliego de observaciones, y determinó que la denuncia se presentó 10 meses después de que se tuvo conocimiento de la posible comisión del delito.

Tras estar sujeto a proceso penal, el ex secretario de Salud solicitó un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito contra el auto de formal prisión, y el juez falló a su favor en junio de 2014, ordenando al Juez Quinto que dejara insubsistente el auto de formal prisión y dictara una nueva resolución, después de analizar si el delito había prescrito.

En octubre del mismo año, el Juez de la causa emitió una nueva resolución y dictó de nueva cuenta el auto de formal prisión y Ponce Ramos otra vez recurrió a la justicia federal para promover un amparo, ahora ante el Juzgado Segundo.

El Juez Segundo de Distrito concedió el amparo y solicitó al Juez Quinto dictara una nueva resolución que pudiera ser en el mismo sentido de formal prisión y así lo hizo, en diciembre pasado dictó nuevamente el auto de formal prisión.

El 6 de enero de este año, el Juez Segundo de Distrito consideró que el Juez Quinto cumplió en su totalidad la ejecutoria de garantías sin excesos ni defectos, por lo que dio por concluido el juicio de amparo.

 

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