Acuden Gerardo Vargas y Humberto Villasana ante la ASE

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Luego que la Auditoría Superior del Estado diera a conocer una serie de irregularidades en la administración de Mario López Valdez y de que el Congreso del Estado suspendiera la cuenta pública del primer semestre de 2016, funcionarios de la pasada administración acudieron ante el órgano fiscalizador para conocer el pliego de observaciones.

A través de un comunicado, se informó que el ex secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros y el ex titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Humberto Villasana Falcón, acudieron hoy ante la encargada de despacho de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, para ponerse a disposición y solventar “todas y cada una de observaciones”.

“El propósito es iniciar de inmediato la aclaración y solución de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 2016”, señala el documento.

Entre las observaciones señaladas por la ASE destaca la existencia de más de 5 mil 340 millones de pesos, pasivos sin fuente de pago que superó los 4 mil 457 millones, además de 4 mil 642 millones de deuda pública a largo plazo; 752 millones de pesos retenidos a los trabajadores que no fueron enteradas al Instituto Estatal de Pensiones, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y diversas empresas aseguradoras.

La información indica que ambos ex funcionarios se presentaron por indicaciones del ex gobernador Mario López Valdez, una vez que el Congreso del Estado determinó suspender la cuenta pública del periodo señalado, con el propósito de conocer de manera directa cada una de las inconsistencias que se han señalado por el poder legislativo.

“El propósito es empezar de inmediato la aclaración del manejo presupuestario en cada una de las áreas observadas”, afirmó el ex secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas, y dijo “que hay plena disposición del ex gobernador Mario López Valdez de atender los señalamientos, aclarar el destino de los recursos y, en caso de irregularidades, que el funcionario responsable responda ante las instancias correspondientes”.

Villasana Falcón explicó que las observaciones “no significan necesariamente que haya un manejo irregular de los recursos, sino que surgen dudas naturales por tratarse de recurso público, pero se mostró confiado en que habrán de subsanarse cada una de ellas”.

El objetivo de acudir de inmediato a la Auditoría Superior del Estado es atender con celeridad, en el período de 30 días legales, esas observaciones, y empezar a subsanar las inconsistencias encontradas en la información sobre el manejo presupuestario.

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