La diputada Lucero Sánchez compareció ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, ante quien cuestionó que la PGR presentó, en su contra, un expediente incompleto y pruebas sin sustento jurídico y con inconsistencias.
Por escrito, con el apoyo de su equipo de abogados y dentro del plazo legalmente establecido de siete días naturales, la legisladora afirmó que el expediente que se entregó a la Sección Instructora para su Juicio de Procedencia, no incluyó su declaración ministerial; y que en su caso no le proporcionaron información de imágenes y documentos que entregó la PGR en un CD a la Cámara de Diputados.
Puso en tela de duda el reporte de una prueba pericial fisionómica que presentó la PGR ya que fue realizado tomando como base las imagenes de la credencial de conducir de Lucero Sánchez y la credencial de elector presentada por quien se identificó como Devany Vianey Villatoro Pérez, debiéndose obtener para el peritaje, imágenes con sistemas de identificación humana.
Objetó también los testimoniales del personal de guardia del penal del Altiplano donde estaba recluido Joaquín Guzmán Loera, porque consideró carecen de sustento jurídico porque fueron inducidos y tomados 17 meses después de haberse realizado la visita que se cuestiona.
La diputada cuestionó que la PGR ha hecho un escarnio público de su persona, generando una culpabilidad anticipada, sin darle la oportunidad de una defensa adecuada.
Afirmó ser víctima de una violación a la presunción de inocencia por parte de la PGR y citó la máxima jurídica de “quien acusa está obligado a probar”.
Calificó a la PGR como dolosa y parcial, al no integrar en el expediente su declaración ministerial donde expone la forma en que perdió sus identificaciones en un vehículo que no era de su propiedad y fue robado y reportado ante las autoridades competentes.
En el documento de 65 páginas entregado por sus abogados defensores, la diputada de Cosalá aseguró en primer término que no es posible iniciar un juicio de procedencia solicitado por la PGR porque de acuerdo a los requisitos constitucionales, debiese estar acusada de un delito grave, como no lo es el uso de documento falso, el cual incluso no tiene penalidad establecida en el Código Penal Federal.
Pidió a los legisladores federales darle prioridad a otros juicios solicitados con anterioridad y no por encontrarse en un momento político, se dé una prioridad extraordinaria a su caso.
