Deja Malova un Sinaloa en números rojos

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Información inconsistente y desactualizada, déficit financiero y estructural, finanzas públicas comprometidas, una deuda de 13 mil 130 millones de pesos, un crédito fiscal con el SAT por 541 millones de pesos y mil 167 procedimientos de sanción administrativos contra funcionarios públicos, son algunos de los resultados del informe sobre la situación financiera y administrativa en la dejó a Sinaloa el gobierno de Mario López Valdez.
A un mes y 20 días de haber iniciado la administración de Quirino Ordaz Coppel, la tarde del lunes el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte presentó un informe financiero y administrativo al que comenzó describiendo como un informe elaborado con datos inconsistentes y desactualizados.
A través de ocho puntos principales, Ortega Carricarte enlistó los hallazgos más importantes entre ellos la complicada situación financiera en la que se encuentra Sinaloa, el déficit presupuestal y una desorganización en la estructura administrativa del Ejecutivo.
“La situación financiera en que se recibe la administración pública estatal es deficitaria con un mayor gasto en relación a los ingresos. Lo que ha generado un aumento en el pasivo del Estado. En materia de ingresos se observa una tendencia negativa en el esfuerzo recaudatorio, generando una pérdida de recursos por distribución de participaciones federales”, destacó Ortega Carrizoza.
Y agregó “El 90 por ciento del gasto del estado se destina al pago del personal en activo y jubilado, gastos de operación y transferencias que se otorgan a municipios, por lo que el margen de acción para atender y hacer frente a las necesidades crecientes de la ciudadanía es limitado. Como resultado, se recibe un estado con un importante déficit financiero y estructural que compromete las finanzas públicas”.
La deuda total que dejó López Valdez es por 13 mil 130 millones de pesos, de ese total la deuda contratada a largo plazo es de 4 mil 518 millones de pesos y los pasivos a corto plazo, sin fuente de pago, es decir sin recursos para pagarlos, son por ocho mil 612 millones de pesos.
A proveedores y contratistas se le adeudan 2 mil 241 millones de pesos y a los institutos de pensiones mil 725 millones
El sector salud presenta un pasivo de mil 500 millones de pesos y 396 en el sector educación.
Además, derivado de las omisiones en el cálculo del ISR en las nóminas del aparato gubernamental, el Servicio de Administración Tributaria emitió un crédito fiscal a Sinaloa por 541 millones de pesos, de los cuales se descontó una primera parte en enero de 2017 por 205 millones de pesos.
Sin embargo, Ortega Carricarte adelantó que el SAT detectó la misma situación en 2014, 2015 y 2016 por lo que podrían presentarse más créditos fiscales para Sinaloa, aunque dijo que no se tenía la cifra estimada.
“Para los años 2014, 2015 y 2016 se presentó la misma situación, por lo que el SAT ha solicitado revisar y entregar dichos recursos. Cabe destacar que aún se desconoce el importe final de estos compromisos de enterar al SAT por estar en proceso de conciliación con la autoridad y por ende no se incluye en el total de pasivos del Estado reportado con anterioridad”, enfatizó.


Más de 7 mil millones irregulares.

Aunque la ley así se lo requería, el gobierno de López Valdez no entregó un informe del estado en que se encontraban las observaciones y acciones de instancias de fiscalización como la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública, por lo que según informó Ortega Carricarte se tuvo que requerir información a través de otras fuentes.
Fue así que se identificó que la ASF, la Secretaría de la Función Pública, la ASE y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas observaron un monto irregular por 7 mil 714 millones de pesos durante el gobierno de López Valdez.
De ese total, sólo se tiene en proceso de solventación 2 mil 165 millones de pesos y se iniciaron mil 167 procedimientos administrativos de responsabilidad sancionatoria en contra de servidores públicos.
De las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación relativas a las cuentas públicas 2011-2014, actualmente hay en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 266 Procedimientos.
“Las observaciones provienen principalmente por pago de conceptos de gastos no autorizados por los fondos federales, la falta de documentación comprobatoria, traspasos entre cuentas bancarias, subejercicios y la no aplicación de los rendimientos financieros. El 90 por ciento del importe observado corresponde a los sectores de educación, salud e infraestructura”, señaló el tesorero.
En la Secretaria de la Función Pública se cuenta con 89 procedimientos administrativos y de ahí el 75 por ciento del monto observado corresponde a pagos improcedentes, recursos destinados a fines distintos de los autorizados, recursos no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE e incumplimiento en materia de planeación y presupuestación. Los principales ejecutores con observaciones son la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los Servicios de Salud de Sinaloa y el CEAPAS.
De las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, a la fecha se han aperturado 540 procedimientos, correspondientes a diversas irregularidades administrativas, relacionadas con registros contables indebidos, violaciones a la Ley de Adquisiciones, deficiencia en integración de expedientes de obra pública y en materia de transparencia.
En cuanto a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, se aperturaron 272 procedimientos y se verificó que existen observaciones en materia de obra pública por 5 mil 319 millones de pesos, y de Organismos Públicos Descentralizados por 228 millones de pesos, que datan del año 2014 y anteriores.
En los últimos tres años, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, sólo realizó auditoría a los fondos en los que se ejecuta obra pública en cumplimiento al convenio de colaboración que tiene con la Secretaría de la Función Pública, por lo que durante los años 2015 y 2016, no se tiene registro de que se hayan ordenado auditorías propias.

Nómina disparada.
Al revisar las nóminas de la administración pública, el gobierno de Ordaz Coppel detectó que de 2011 a 2016, la nómina del aparato gubernamental tuvo un crecimiento de seis mil trabajadores adicionales, dando un total de 74 mil 435 empleados activos. Este incremento se dio principalmente en los organismos descentralizados, los cuales también aumentaron al crearse 11 nuevos organismos durante el gobierno de López Valdez.
“Refleja la falta de una adecuada supervisión y control de las dependencias y organismos con políticas de administración y desarrollo del personal, el consecuente crecimiento en costos y duplicidad de funciones.
El informe administrativo también revisó el tema de las pensiones y jubilaciones las cuales aumentaron en un 77 por ciento del 2011 al 2016, lo que originó que el subsidio para este rubro pasara de 709 millones en 2010 a 2 mil 900 millones de pesos en 2017, un crecimiento del 309 por ciento.
“Las pensiones representan el mayor crecimiento en el gasto de Gobierno del Estado, las cuales se cubren con recursos propios, toda vez que históricamente el Estado no ha hecho las previsiones necesarias, teniendo que distraer recursos de programas prioritarios”, señaló el tesorero.

Sin parque vehicular.
El informe también reveló que existe una carencia de parque vehicular. Un 58 por ciento está en buenas condiciones y sólo 32 por ciento son modelos recientes de 2011 a la fecha. De las patrullas recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública el 63 por ciento estaba fuera de servicio, por lo que se tuvo que disponer de vehículos utilitarios para adecuarlos y equiparlos como patrullas, destacó Ortega Carricarte.
El secretario de Administración y Finanzas dijo que se actuará en apego estricto a la ley pero que serán las instancias de fiscalización las encargadas de deslindar sanciones.
“Apoyo irrestricto a todas las acciones de auditoría de las instancias fiscalizadoras, así como el seguimiento puntual de todos los procedimientos administrativos que de ellas deriven. A aquellos funcionarios o exfuncionarios que se le detecten irregularidades o malos manejos de los recursos derivado de las revisiones de las diferentes instancias fiscalizadoras, se le va a aplicar estricta y llanamente la Ley”, dijo.

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