Aunque el Grupo Parlamentario del PRI se opuso a hacer públicas las declaraciones 3 de 3 de los funcionarios, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad, en lo general, la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
En la discusión en lo particular, los diputados se enfrascaron en una prolongada y acalorada discusión, para reservar artículos referidos a la petición de incluir que no sólo fuesen obligatorias, sino también públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés.
El diputado panista, Juan Pablo Yamuni Robles, reservó expresamente el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para que se estableciera específicamente que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas, salvo los datos personales protegidos.
Carlos Castaños Valenzuela, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, planteó que dentro de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, debería de contemplarse una protección a los funcionarios y particulares que presentaran denuncias, a fin de establecer un aliciente para detectar anomalías.
Víctor Antonio Corrales Burgueño, coordinador del Grupo Parlamentario el PAS, propuso que dentro de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se incluyera el sistema estatal de fiscalización para los municipios.
A la propuesta se le sumó la diputada del PAS, Alba Virgen, quien explicó que dentro de ese sistema estatal de fiscalización a los municipios se proponía se integrara la Auditoría Superior del Estado, la entidad que sirva de control interno del gobierno estatal, así como la correspondientes en cada uno de los gobiernos municipales.
A nombre de la bancada del PRI, los diputados Carlos Montenegro Verdugo, Marco Antonio Osuna Moreno e Irma Moreno Ovalle, subieron a tribuna a discrepar de las propuestas planteadas por el PAS y el PAN.
Entre los argumentos planteados en tribuna por los legisladores del PRI, se subrayó que supremacía de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no hacía viable el establecimiento de obligaciones adicionales en legislaciones locales.
Los diputados priístas aseguraron estar en contra de los abusos de poder y a favor de detener los actos de corrupción de los funcionarios públicos de los diversos niveles.
Votaron a favor de hacer públicas las declaraciones 3 de 3, la bancada del PAN, PAS, el diputado del PRD, y el diputado del PANAL, Jesús Ibarra, la diputada de Morena, Merary Villegas, quienes sumaron 16 votos, en tanto que la bancada del PRI y el diputado del PANAL, Crecenciano Espericueta lo hicieron en contra.
