El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Solano, rechazó la propuesta de nombrar, en forma inmediata, una comisión plural que investigue e informe al pleno sobre la veracidad de los señalamientos públicos hechos por la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, relacionados con el uso de los recursos públicos en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La propuesta había sido presentada, en asuntos generales, por la diputada del PRD, Imelda Castro Castro por considerar inadmisible dejar pasar el escándalo público en el TCA.
“El enfrentamiento público de quienes integran la sala superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es un asunto menor, aun cuando se quiera interpretar como un desencuentro producto de aspiraciones personales legítimas no satisfechas y no sólo por el cuestionado decoro o el señalamiento de presunto despilfarro”.
En hacer uso de la tribuna, argumentó que el sólo escándalo público trastoca el buen funcionamiento y responsabilidades del Tribunal, cuando quienes integran la Sala Superior tiene irónicamente la facultad de dictar medidas para la disciplina y el buen funcionamiento del órgano e imponer las sanciones administrativas que procedan.
Es claro, señaló, que de ciertas las acusaciones, la dirección de un tribunal en las condiciones como se señalan, no le sirve al Sistema Anticorrupción, por lo que demandó que el Congreso del Estado inicie e informe a la sociedad sinaloense de una investigación específica sobre las acusaciones públicamente ventiladas.
El coordinador el grupo parlamentario del PAN, Guadalupe Carrizoza Chaidez, descalificó los señalamientos de la magistrada del TCA por considerar que son burdos y “más que nada chismes mediáticos que otra cosa”.
Consideró que los magistrados que componen el TCA han aceptado de inmediato una auditoría de la ASE para que no quede duda en el manejo de recursos.
Al ya existir la disposición de la ASE por realizar una auditoría en el TCA consideró que no se hace necesario la integración de una comisión legislativa sobre el tema, provocado por un “berrinche llevado de manera tan burda y poco profesional en su ética como servidora pública”.
La propuesta fue turnada para análisis a la Junta de Coordinación Política, en lugar de tomarse una decisión inmediata como proponía la diputada perredista.
