Pifias legislativas retardan reducción de Congreso y Cabildos

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“Será fácil”, había augurado la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Irma Tirado Sandoval, al adelantar el escenario para realizar la reforma constitucional para reducir el número de regidores y diputados. Su confianza estaba abonada por el hecho de que luego que el gobernador Quirino Ordaz Coppel había presentado su iniciativa para reducir el tamaño del Poder Legislativo y los 18 cabildos, la mayoría de los grupos parlamentarios se habían pronunciado a favor.

El escenario empezó a transformarse cuando días previos a o la convocatoria de la sesión, el pasado 16 de marzo, representantes del PAN, PAS, Morena y PRD se reunieron, habían dicho,  para lograr los consensos necesarios y aprovechar la oportunidad para empujar las otras iniciativas que interesan en materia político-electoral.

Primera votación fallida

Cinco días más tarde de la reunión entre los cuatro partidos, los diputados se reunían, pero ahora en la sesión extraordinaria. En el orden del día aparecían dos temas. El primero era el de las reformas al Código Penal para aumentar las penas en delitos cometidos por servidores públicos por cohecho y peculado; el otro eran las reformas constitucionales en materia político-electorales.

La sesión había empezado media hora más tarde de la hora reglamentaria marcada a las 11 de la mañana. Desde antes de iniciar empezó a trascender que los consensos no “estaban planchados”. Tras concluir la lectura de la acta de sesión anterior, el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Cruz, decretaba un receso para “recabar las firmas” de los dictámenes de los puntos de la orden del día.

Más tarde, el propio panista Roberto Cruz revelaría que en realidad se cometió el error de citar a una sesión extraordinaria sin tener los dictámenes listos.

Cuando el receso ya se había prolongado por dos horas, el Grupo Parlamentario del PAN ofreció una conferencia de prensa para denunciar el cambio de rieles del PAS. El panista Roberto Cruz calificó como perversa la alianza del PAS y el PRI para sacar adelante la iniciativa de reducir diputados y regidores.

Con el apoyo del PAS, el PAN preveía que el Grupo Parlamentario del PRI lograba sacar la votación por mayoría calificada que se requiere para realizar una reforma constitucional, necesaria para reducir diputados y regidores. Mayor financiamiento a la UAS, una candidatura al Senado, aprobación de cuentas públicas, habían sido las monedas de cambio, especularon los diputados panistas.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI desechaba en declaraciones que fuese una iniciativa fastrack y adelantaba cómo venía el dictamen: la reducción de diputados se aplicaría para el 2021, mientras que los regidores se aplicaría para el 2018.

Al cumplirse tres horas de receso, el presidente de la Mesa Directiva fue comunicado que ya estaban listos los dictámenes. El desenlace para los presentes, se presentía, era que la iniciativa se aprobaría por mayoría. Sin embargo, cuando el diputado secretario Jesús Alfonso Ibarra terminó de leer el dictamen de reducción de regidores y diputados, se pensaba tras una moción de dispensa de segunda lectura, se procedería  a dar pauta a la votación. Roberto Cruz hizo la observación legal que no se podía votar porque no se reunía el requisito legal que marca el artículo 229 la Ley Orgánica del Congreso del Estado de haber notificado previamente al Ejecutivo Estatal, el Supremo Tribunal de Justicia ni a los 18 Ayuntamientos.

Enfrentados en el pleno, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Tirado, acusaba a Cruz Castro de tomarse atribuciones que no les correspondían, que sí se había avisado a los Ayuntamientos por medio del Secretario General, que era una acuerdo de la JUCOPO. A lo que el panista espetó que en su carácter de representante legal no había firmado ninguna notificación.

A propuesta de del coordinador del PAN y en consenso con los integrantes de la Mesa Directiva, se acordó diferir la votación a una sesión extraordinaria para el próximo viernes 24 de marzo, aunque la propuesta original de Irma Tirado había sido que fuese el miércoles.

Segunda votación fallida

El jueves, la medición de fuerza entre el presidente dela Mesa Directiva y la presidenta de la JUCOPO continuó. La dirección de Vinculación Social emitió un boletín para comunicar que por acuerdo de la JUCOPO se cancelaba la sesión del viernes y se movía para el martes en apego al artículo 163 de la Ley Orgánica, que señala un plazo de tres días para la realización de una notificación. Dos horas más tarde, Roberto Cruz desmintió la información para asegurar que era falsa la información y sí se realizaría la sesión.

En punto de las 11 de la mañana del viernes, Roberto Cruz y compañeros de su bancada panista, además de Efrén Lerma del PRD y Jesús Baltazar Sánchez de Morena, pretendieron entrar a la sala de sesiones, pero se encontraron con las puertas cerradas. Para dar fe de los hechos se hicieron acompañar del notario Jorge Julián Chávez y anunciaron que llevarán el asunto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Como presidente de la Mesa Directiva dijo ante los medios de comunicación que se descontará el día a los diputados que no asistieron, pese a que fueron convocados, como se había acordado en la última sesión.

Y ahí afuera de la puerta de acceso, aseguraba que no se habían seguido los protocolos para citar a junta  de la JUCOPO, que en lugar de oficio, la comunicación había sido un mensaje de WhatsApp, y que no había delegado su carácter de presidente a ninguno de los vicepresidentes.

“Que me lo comprueben con algún documento”.

En la página oficial de internet del Congreso del Estado todavía aparecía el viernes 24 como día de la próxima sesión, mientras en un comunicado oficial se aseguraba que el martes sería la siguiente. Sería la tercera ocasión que se intenta llevar al Pleno el tema de la reducción de diputados y regidores. Como dice el adagio popular: la tercera será la vencida.

 

 

 

 

 

 

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