El Pleno del Poder Legislativo aprobó por unanimidad la prohibición de usar teléfonos celulares o cualquier aparato o dispositivo electrónico y de comunicaciones mientras se conduce un vehículo.
La iniciativa fue presentada César Fredy Montoya Sánchez y Ramón Palacios Polanco para reformar la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, con las que adiciona el artículo 89 Bis a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa.
De acuerdo al documento formulado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se tomó en cuenta la necesidad de contar con mayor seguridad vial y el riesgo que representa para la ciudadanía en general, el uso de esos dispositivos de comunicación inalámbrica.
El dictamen estableció que los conductores de vehículo automotor, de transporte escolar, urbano y del sector público, policía y de emergencias, de empresas públicas y privadas, entre otros, deben evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública, como lo es expresamente el uso de equipos de telefonía celular móvil o aparatos electrónicos al momento de conducir.
De acuerdo al dictamen aprobado, el ejecutivo estatal deberá armonizar el Tabulador de Infracciones y Sanciones de la ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento General, en un plazo de sesenta días a partir del inicio de su vigencia.
En la misma sesión el diputado Andrés Amílcar Félix Zavala del Partido Revolucionario Institucional exigió mayor respeto hacia los espacios de estacionamientos destinados a las personas discapacitadas, toda vez que en la actualidad, al acudir a plazas comerciales, supermercados o cualquier otro lugar en el que se tienen destinados estos espacios, pareciera que simplemente no existen.
Propuso que se castigue con multas económicas a quienes no respeten los espacios destinados para personas discapacitadas.
En su intervención, el diputado panista Zenén Xóchihua Enciso propuso que ante la inminente llegada de nuevas autoridades municipales, sería conveniente evaluar la situación de los Ayuntamientos en la existencia de rampas e instalaciones para personas con capacidades diferentes.