Diputados prefieren no difundir su declaración patrimonial

 

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Del dicho al hecho

La mayoría de diputados de la Legislatura, que expedirán las reglas del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa, prefieren no difundir su declaración patrimonial inicial.

De los 40 diputados que componen la actual Legislatura, solamente 10 dieron su autorización previa y específica para que se hiciera pública su situación patrimonial en los términos  de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Del Grupo Parlamentario del PRI, la bancada mayoritaria de la actual legislatura, compuesta por 21 diputados, solamente tres aceptaron que fuese pública su situación patrimonial: José Menchaca López, quien funge como presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Osuna Moreno y Maribel Chollet Morán.

En versión pública, de los siete diputados que integran el Grupo Parlamentario del PAN, únicamente tres autorizaron la difusión de su declaración patrimonial: Carlos Castaños Valenzuela, coordinador de la bancada panista,  Juan Pablo Yamuni Robles, quien fuese titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de cuentas en el anterior sexenio, y Roberto Cruz Castro, actual presidente de la Mesa Directiva.

Del Grupo Parlamentario del PAS, al que pertenecen seis diputados, solamente una legisladora dio su consentimiento para hacer pública su situación patrimonial: Soila Gaxiola Camacho.

Ninguno de los dos diputados, Crecenciano Espericueta y Jesús Alfonso Ibarra, quienes integran la bancada del PANAL aceptó hacer pública su declaración patrimonial.

En el portal del Congreso del Estado también se puede acceder a las declaraciones de los dos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, Merary Villegas Sánchez y Jesús Baltazar Rendón.

Efrén Lerma Herrera, el diputado del PRD, también dio su autorización para que su declaración patrimonial fuese pública.

De los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, quienes tienen a su cargo la dictaminación de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, sólo dos de cinco diputados, aceptaron hacer pública su declaración patrimonial. Prefirieron mantenerla sin acceso al público, su presidenta Irma Moreno Ovalle (PRI), Elsy López Montoya (PRI), recientemente electa presidenta del  Comité Municipal del PRI en Mazatlán, y Alba Virgen Montes (PAS).

De los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), formado por ocho diputados y el secretario general, solo cuatro diputados aceptaron que fuese pública su declaración patrimonial. Prefirieron mantenerla sin acceso al público: Irma Tirado Sandoval, presidenta de la JUCOPO y líder del Grupo Parlamentario del PRI; Víctor Antonio Corrales Burgueño, cabeza de la bancada del PAS; lo mismo que su homólogo del PANAL, Crescenciano Espericueta, y Misael Sánchez, diputado del PVEM. En la lista también está el secretario general del Congreso del Estado, Simón Rafael Bentancourt.

Del conjunto de funcionarios públicos que laboran en el Poder Legislativo, solamente dos autorizaron se difundiera su declaración patrimonial: Francisco Chiquete, director de Gestión y Vinculación Social, y el titular de la Dirección de Estudios Económicos y Financieros, Francisco Montero Rubio.

 

Lo que viene

Desde el pasado mes de febrero el Congreso del Estado realizó las primeras reformas constitucionales para que el futuro cercano pueda operar en Sinaloa el Sistema Estatal Anticorrupción, entre ellas se previó que todo representantes de elección popular, funcionario, empleado, y en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes públicos del Estado, descentralizados o desconcentrados, en la administración pública municipal y paramunicipal, así como los organismos autónomos estarán obligados a presentar la denominada declaración 3 de 3, es decir, la declaraciones patrimonial, conflicto de interés y fiscal.

De acuerdo al nuevo texto del artículo 130 de la Constitución local, los funcionarios estarán obligados, bajo protesta de decir verdad, su tres de tres, ante las autoridades. Dicha obligación está contemplada entre en vigor el Sistema Local Anticorrupción en las siguientes semanas.

Sin embargo, no establece la obligación que tales declaraciones de tres de tres sean públicas, como sucede en el ejercicio ciudadano operado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, que hace pública las tres declaraciones de los servidores públicos que entregan la información al IMCO.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Castaños, presentó una iniciativa precisamente para que las declaraciones ya contempladas en la reforma constitucional en el artículo 130 de la Constitución tengan carácter público y por tanto de libre acceso al público.

El legislador argumenta en su iniciativa que si se hace públicas las tres declaraciones, se desarrollarían mecanismos de transparencia para combatir actos y hechos de corrupción, fortalecería la legitimidad de la función pública y el involucramiento proactivo de los actores sociales, se recobraría la confianza en las instituciones públicas, y se propiciaría un mejor servicio público.

El panista cuestiona que el contenido del artículo 130 podría propiciar discreción en el manejo de información y secrecía, ello evitaría el cumplimiento de los objetivos anticorrupción que buscó la reforma constitucional.

“El hecho de que los actos de los agentes públicos se encuentren sometidos a las miradas del público, al menos representa un desincentivo para la desidia, la ineficiencia, ineficacia y la dilapidación de recursos en el obrar de la administración pública en cualquiera de sus niveles y tipos”.

Los detalles para la operación del Sistema Local Anticorrupción se definirán en los siguientes días. Los diputados tendrán en sus manos el alcance que tendrá en Sinaloa la legislación para enfrentar la corrupción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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