La iniciativa retirada

Un mensaje por whatsapp del celular de la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Tirado al chat de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), hizo oficial la noticia. El tema de la reforma constitucional sobre cuentas públicas se “bajaba” de la orden del día del martes 11 de julio.

Los integrantes de la JUCOPO y de los partidos Acción Nacional (PAN), Sinaloense (PAS), Nueva Alianza (PANAL), Verde Ecologista (PVEM) y Morena habían esperado la noticia ese lunes por la noche. Dos horas antes se habían reunido para definir la agenda de la sesión del  martes 11. El tema que estaba en la atención de todos era la  lectura de dictamen y votación sobre las reformas a los artículos 37 y 42 de la Constitución. Tras expresar cada uno sus opiniones, la decisión final quedó pendiente, en manos de la presidenta de la JUCOPO, quien por representar a la bancada mayoritaria, tiene voto ponderado.

En la reunión, los miembros de la JUCOPO habían coincidido en la conveniencia de esperar, ante los temores de que los ánimos en el graderío de la Sala se salieran de control. En las mentes tenían muy recientes la experiencia del martes 4 de julio, cuando activistas de organizaciones ciudadanas les lanzaron réplicas de billetes a sus curules. A ello se sumaba el hecho de la movilización que desde las redes sociales habían hecho agrupaciones para asistir al Congreso.

Antes de iniciar la reunión de la JUCOPO, organizaciones sociales se habían reunido con la comisión de Fiscalización en un intento de socializar y bajarle la presión a un movimiento de rechazo que creció desde que se conoció la propuesta de reforma para eliminar la discusión de las cuentas públicas en el Pleno.

Las organizaciones reclamaron a los diputados, encabezados por José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización, que ya estaban a punto de votar la iniciativa y apenas la estaban socializando. Tras el encuentro que duró poco más de dos horas, los diputados no lograron convencer a las agrupaciones de las bondades de la reformas de cuentas públicas, y solo propusieron que redactaran ahí mismo un texto sobre como proponían debería quedar la redacción del dictamen, propuesta que fuera rechazada por las agrupaciones, con el argumento que ocupaban al menos un par días para hacer una propuesta técnico jurídica viable.

Los dos partes de la sesión terminaron la reunión como empezaron: sin puntos de coincidencia. La reunión ni siquiera había sido por invitación o iniciativa de la Comisión de Fiscalización, sino por solicitud de las agrupaciones ciudadanas, quienes por teléfono entablaron comunicación con el diputado Menchaca.

En la reunión de la JUCOPO todos los grupos parlamentarios plantearon la idea de aplazar el tema. El temor era que se pudiera salirse de control los ánimos y se derivaran en hechos violentos, producto de la inconformidad que se había expresado en medios de comunicación y redes sociales.

Mientras al interior de la JUCOPO, se planteaban los riesgos, desde el PRI se trabajaba en una movilización para contrarrestar la invitación que las organizaciones ciudadanas habían hecho para acudir ese martes a las 10 de la mañana. La estrategia era saturar la capacidad que tiene la Sala de Sesiones para impedir que entraran ciudadanos que estuvieran en contra de las reformas. Trascendió que se trabajaba en llevar camiones con militantes de las juventudes priistas desde las ocho de la mañana, y con ello bloquear el acceso a los ciudadanos inconformes.

Desde que en la sesión del jueves 6 se anunció que se realizaría la segunda lectura de dictamen y votación para el martes 11, las agrupaciones ciudadanas convocaron a acudir al recinto legislativo. El mismo viernes el panista Roberto Cruz, presidente de la Mesa Directiva, también se unió a la convocatoria y usó su cuenta de Facebook para invitar a los ciudadanos.

El riesgo de una confrontación estaba latente. “Tenían miedo que pasara una tragedia”, expresó un integrante del staff de uno de los grupos parlamentarios.

A las nueve dela noche, cuando los grupos parlamentarios estaban reunidos por separado en espera de la “consulta” que haría la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, en la sala de juntas de la bancada panista sonó el celular de Roberto Cruz, presidente de la Mesa Directiva. En el identificador de llamadas se leía que era de Gonzalo Gómez Flores, secretario General de Gobierno. El funcionario quería le explicaran las razones por la cual la propuesta era sacar de la orden del día del martes el tema de las reformas sobre cuentas públicas. La creciente reacción ciudadana en contra y el riesgo de enfrentamientos físicos, no solo entre los militantes, sino en contra los legisladores, fue explicado.

El funcionario estatal, el segundo hombre más importante del Poder Ejecutivo, después del gobernador, escuchó, no cuestionó ni asintió los argumentos. Sólo se limitó a responder: “Ok, lo registro”. Y colgó. En menos de diez minutos, del celular de la líder de la bancada priista se comunicó la decisión: No se discutiría ni votarían  las reformas del día siguiente. Se “bajaban” de la sesión del martes.

La jugada adversa

La intención del gobierno estatal era no salir desgastado ni que de nuevo se fuese señalado como el promotor de legislar al estilo fast-track. El nuevo objetivo era eliminar la discusión de las cuentas públicas en tribuna a los diputados, aprovechando el marco de las reformas del sistema estatal anticorrupción.

La propuesta del gobierno estatal de eliminar de tajo dos párrafos del artículo 37 de la Constitución local había sido planteada mediante enviados en conversaciones formales e informales a los grupos parlamentarios en corto.

Para evitarle al gobernador un desgaste político al presentar la iniciativa de eliminación de facultades al Congreso del Estado, se tomó la iniciativa que fuese la Comisión de Fiscalización. Así se presentó como una propuesta que derogaba al Poder Legislativo la capacidad de revisar, aprobar, hacer observaciones, suspender y expedir finiquitos de las cuentas públicas.

Para intentar cambiar la posición de los grupos parlamentarios del PAN, Morena y PRD, y que la iniciativa lograra ser aprobará por mayoría y el peso de la crítica social se repartiera en todos los integrantes de la Legislatura, se matizó la propuesta que aplicaría a partir del 2017, y que también se reformaban complementariamente el artículo 42 para señalar que los informes de la ASE se subirían a tribuna durante el Pleno, y que entraría 30 días después de su publicación.

Sin embargo, las agrupaciones ciudadanas crecían su descontento hacia los diputados. El día que no se votaron las reformas, un grupo de ciudadanos, quienes no se enteraron a tiempo del cambio de que la propuesta no se discutiría, llevaron figura de ratones, algunos los colocaron frente al puente peatonal del edificio del Poder Legislativo, y otros monigotes fueron colocados al interior del salón de sesiones.

Agrupaciones civiles, y políticas como Morena también habían planeado sus estrategias para evitar la votación, como llevar silbatos para sonarlos y hacer inaudible la sesión.