Absueltos policías de Ahome señalados de ‘favorecer a los Beltrán Leyva’

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El mayor León Horacio Reyes, efímero Director de Policía y Tránsito Municipal en Ahome, salió con libertad absolutoria del Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo Sonora, el pasado miércoles 3 de mayo, después de un encierro de 65 meses acusado de delincuencia organizada y de delitos contra la salud en la modalidad fomento de narcomenudeo en favor del subcártel Los Mazatlecos, rama leal al cartel de los hermanos Beltrán Leyva cuando estos se  desprendieron de la organización de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del Cártel de Sinaloa.

En sus primeras declaraciones a la prensa, el militar en retiro dijo no guardar rencor en contra de los que imputaron hechos falsos y que por ellos se consideraba “chivo expiatorio”.

Anunció que la acción primordial que le atañe es buscar el pago de sueldos caídos durante los años en que estuvo en cautiverio sin ser culpable.

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El alcalde Álvaro Ruelas Echave dijo que no rehuirá a la pretensión del militar, pero defenderá los intereses del municipio.

Encargó la resolución de la demanda laboral del ex director de policía al departamento jurídico. “Es un tema legal”, justificó.

El auto de libertad de León Horacio Reyes se había calculado desde el mismo año de su consignación, pues veteranos Agentes del Ministerio Público Federal que conocieron las entrañas del caso sabían que en las diligencias para desahogar los testimonios de los testigos de cargo, estos serían desechados por endebles, además de que no había evidencia sólida, ni física ni documental de las imputaciones.

Por ello, la libertad absolutoria anterior a la del mayor fue la del coordinador administrativo de la misma policía preventiva, Germán Vargas Carrillo, en noviembre del 2014, y antes que él quedaron libres por falta de pruebas para ser procesados el subdirector operativo, Gonzalo Omar Pérez Rubio; el subdirector de operaciones, Sergio Casillas Torres, y los jefes de cuadrante Manuel Hernández Mendoza, Ernesto Alonso Beltrán Álvarez, Joel Armando Salas, Luis Álvarez Rendón, Fernando Castañeda Labrada, Juan Francisco Mercado de La Torre, y Humberto Inzunza Cota. También Nicolás Galaviz Vázquez (ya fallecido) y Lucas Villaseñor Pacheco. Aunque todos recobraron la libertad porque no se acreditaron los nexos que los ministeriales les endilgaron, ninguno fue reinstalado.

Tras detenerse a los 32 policías, la fiscalía estatal no pudo acreditarle participación alguna a seis de ellos, y éstos quedaron libres, turnando a la Procuraduría General de la República (PGR) a 26 agentes que fueron consignados.

En el mismo juzgado que sentenció a León Horacio Reyes, en aquel entonces liberó a 11 policías por falta de elementos para procesar y sujetó a proceso a 15. De esos, 13 salieron en libertad bajo reservas de ley y sólo quedaban en prisión el director y jefe administrativo, pero estos últimos finalmente tumban la sentencia y son absueltos.

De acuerdo con los fiscalistas, el caso fue un escarnio político del gobierno estatal de Mario López Valdez al alcalde del momento, Zenén Aarón Xóchihua Enciso. Y es que el entonces diputado local (2010-2013), Francisco Salvador López Brito había recomendado a Xóchihua Enciso al mayor como director de policía, cargo que designaba por tradición el gobernador en turno.

López Valdez, en su periodo de alcalde (2002-2004), también fue exhibido como fomentador del narcomenudeo por el entonces gobernador, Juan Sigfrido Millán Escalante. En el periodo, la entonces Unidad de Fuerzas Especiales detectó que patrulleros leales al entonces director de policía, Genaro García Castro protegían a distribuidores de droga regenteados por el chihuahuense conocido como el Pariente (Fontes Molina) iniciándose el desmembramiento de la policía. De ese caso, ningún policía llegó a sentencia condenatoria, y el jefe de policía nunca fue investigado.

Ya en tiempos de gobernador, Mario López Valdez fue exhibido por su escolta personal, Frank Armenta Espinoza, de utilizar a la Policía Ministerial del Estado para operar en favor de los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo e Ismael Zamabada García, el Mayo. El alfil de López Valdez para la encomienda narca sería el director de la corporación, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, acusaba Armenta Espinoza.

León Horacio Reyes recordó que en noviembre del 2011 les llamaron de parte de Chuy Toño para que se reunieran en la corporación todos los mandos para planear el operativo “Guadalupe-Reyes” que cada diciembre se realizaba en carreteras locales y federales.

Una vez reunidos, todos fueron detenidos, abordaron a un camión de pasajeros y trasladados a Culiacán, para su arraigo.

Una vez arraigados, les informaron que estaban detenidos por un caso de secuestro, pero en realidad se les integraba una acusación de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento del narcomenudeo.

Los testigos de cargo eran ex policías ministeriales que fueron incrustados como policías municipales en Ahome, y oficiales preventivos a quienes el propio militar removió de los cargos, pues en sus cuadrantes se movilizaban grupos armados y se daban ejecuciones y privaciones de la libertad sin que se realizaran detenciones.

El expediente

De acuerdo con el proceso 217/2011, los testigos de cargo por declaraciones ministeriales estatales fueron presuntos narcomenudistas del clan Los Mazatlecos, quienes coincidieron en testimonios de que todos eran miembros de esa ramificación del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la zona norte de Sinaloa.

Señalaron que obedecían órdenes del jefe Juan Pablo Sánchez Osuna, apodado el Cien, y de Jesús Miguel Pacheco Samaniego, conocido como el Pecas o el Manchas, y cuyo hombre de confianza era Irving Carrillo Ochoa, hermano de Germán Carrillo Ochoa, coordinador de la policía municipal, finalmente asesinado en la sindicatura de Juan José Ríos.

Aceptaron que Pacheco Samaniego era quien pagaba la protección policial, incluyendo al director, León Horacio Reyes, otorgando 5 mil pesos quincenales a cada comandante de cuadrante, pero desconociendo cuánto se le entregaba al ex militar y a su administrador para que se les permitiera “trabajar muy a gusto levantando y matando gente y vendiendo cocaína, mariguana y cristal”.

Los policías ministeriales incrustados en las filas municipales declararon conocer las líneas de mando de Los Mazatlecos y haber visto que estos en reiteradas ocasiones entraban a las oficinas de la corporación cargando bolsas negras en sus manos, y que tras 15 minutos de estar adentro salían sin ellas. Suponían que llevaban dinero.

En esas afirmaciones de suposiciones, el gobierno malovista inició el escarnio al militar y a su jefe inmediato, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, el alcalde de Ahome.

La conexión con el Indio

En 1997, el ahora mayor León Horacio Reyes fue detenido por sus propios compañeros de armas y sujeto a proceso por cohecho, debido a que aceptó cuidarle la plaza a Joaquín el Indio Zataraín Ontiveros, entonces lugarteniente en Mazatlán para el Cártel de los hermanos Arellano Félix.

En su momento, Horacio Reyes aceptó ante Ríodoce que fue detenido por sus propios compañeros por el delito de cohecho, pero que tras desahogarse el proceso fue absuelto.

Fuentes castrenses dijeron que en la víspera de la operación, el militar libró el procedimiento instruido en su contra porque no se acreditó el delito de cohecho debido a que él jamás recibió un peso del entonces jefe de la plaza de Mazatlán del Cártel de los hermanos Arellano Félix, Joaquín el Indio Zataraín Ontiveros, sino que fue uno de sus cuñados quien habría aceptado 50 mil pesos para que León Horacio Reyes le respetara Mazatlán, tras que el militar fuera cambiado de Culiacán hacia el puerto, en 1997.

El ahora mayor nunca ocupó la guarnición militar porque en el viaje fue detenido por sus compañeros de inteligencia, que interceptaron una llamada comunicando el acuerdo y la transacción monetaria.

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