Activistas sociales, indefensos ante el acecho del gobierno federal y empresas poderosas

 

       ALEJANDRO CALVILLO. Víctima de acoso y amenaza de muerte.

ALEJANDRO CALVILLO. Víctima de acoso y amenaza de muerte.

Espionaje evidenciado

Activistas sociales e investigadores académicos que promueven leyes para grabar impuestos a las empresas refresqueras y de alimentos chatarra en el país  a las que señalan como responsables de la proliferación de enfermedades como diabetes, cáncer e hipertensión, son vigilados y amenazados por el Gobierno de México que se ha puesto al servicio de estas firmas trasnacionales y sus filiales locales, acusadas de orquestar una campaña de cabildeo perverso y  hostigamiento contra lo que cuestione sus intereses.

Al señalar esto, el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo Unna, afirmó que “el acoso y  hostigamiento es tal que ese contubernio abierto entre el Gobierno y las instituciones mexicanas con los intereses económicos de la industria nacional y trasnacional ha puesto en un estado de indefensión a los activistas y defensores de los derechos sociales, porque instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúan como sujetos incondicionales a los lineamientos del Estado y no resuelven, soslayan las quejas sobre violaciones que sufren los mexicanos en sus derechos”.

El activista asegura que el hostigamiento, que va desde el espionaje telefónico hasta amenazas muy claras de muerte, se hace muy evidente a partir de las intenciones de imponer en México un impuesto significativo  a las bebidas azucaradas, razón por la cual se ha desplazado toda la “artillería” de las refresqueras para  bloquearlo por todas las vías, incluidos los grandes medios electrónicos e impresos, que pretenden evidenciar la seriedad de organismos civiles que operan como contrapeso al consumo de alimentos y productos chatarra.

Para Alejandro Calvillo está muy claro que en su experiencia, quien establece esa estrategia de acoso es la empresa Coca cola, a través de ConMéxico, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y FEMSA —una filial de Coca cola—, que presionan a las autoridades mexicanas para vigilar, espiar y amenazar a los representantes de organizaciones civiles para obligarles a desistir en sus esfuerzos por  frenar el consumo de refrescos y productos chatarra  que son causa de muerte de miles de mexicanos en la actualidad.

Ex funcionario, ahora defensor de Coca-Cola

Se sabe que FEMSA, una multinacional refresquera mexicana filial de la Coca-cola y uno de los principales enemigos  en las campañas promovidas por El Poder del Consumidor,  tiene a su servicio y como el principal operador de estas estrategias de ataque a Genaro Borrego, ex presidente nacional del PRI y quien en años recientes se desempeñó como Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  institución responsable de la salud de un amplio sector de la población mexicana.

Calvillo, quien también es activista de GreenPeace en México, destaca que desde julio que empieza a discutirse la política de ingresos y egresos en Hacienda, los representantes de El Poder del Consumidor así como investigadores y académicos del Instituto Nacional de Salud Pública y otros organismos civiles, empiezan a recibir ataques de algunos columnistas por televisión y medios impresos.

Espionaje y amenazas

El 11 de febrero pasado, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó su más reciente reporte llamado “Bitter Sweet”, donde documentó el uso de la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO, quienes impulsaron el impuesto a las bebidas azucaradas.

El equipo de El Poder del Consumidor no tiene duda. El espionaje por parte del Gobierno Federal está muy evidenciado de tal forma que semanas atrás de que surgiera el tema del “spiware”, a dos ejecutivas de la ONG que se encargan de las estrategias de comunicación, les extrajeron sus equipos de cómputo de sus vehículos y a todo el equipo se les vino una avalancha de mensajes electrónicos para infiltrarse en los teléfonos móviles.

Se percataron del espionaje porque tenían dos años recibiendo asesoría de “Social Tec” empresa que junto con Citizen Lab” han dado seguimiento y asesoría técnica en el tema de espionaje a periodistas y defensores de  los derechos humanos en México y que les ha apoyado en la aplicación de protocolos para protegerse de mensajes infectados.

Así, cuando Alejandro Calvillo recibió el mensaje electrónico que le advertía sobre una nota periodística que lo cita en la revista Proceso y que se ha vuelto virulenta en las redes, de inmediato percata que otros de sus compañeros lo han recibido y de forma masiva. Se toman imágenes de estos mensajes y se envían al laboratorio de Citizen Lav, donde se comprueba que sus teléfonos fueron interceptados.

A esto se suman los ataques vertidos en material videográfico donde se hacen explícitas amenazas anónimas en el mismo sentido.

“Es muy grave viniendo del Gobierno porque no solamente evidencian una práctica totalmente ilegal, sino que los textos incluían amenazas intimidatorias. La primera vez que presioné el link que me advertía sobre la nota de Proceso, me llevó a la página de la Funeraria Gayossso. Y esto fue en julio pasado, justo cuando había una confrontación con las empresas refresqueras por aumentar a dos pesos por litro el impuesto a las bebidas”.

En su opinión, este proceder de espiar al equipo de El Poder del Consumidor, al académico e investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública y a  Luis Manuel Encarnación, de la Red de Organizaciones ContraPeso, atenta contra el bienestar colectivo porque detrás de este acto ilegal, el Gobierno Mexicano busca poner trabas a la sociedad civil nacional e internacional que exige una reducción en el consumo de productos chatarra porque está ocasionando una epidemia global de obesidad y diabetes que son la principal causa de muerte en México y muchos otros países.

Alejandro Calvillo explica que promovieron el impuesto a las bebidas “chatarra” porque el 70 por ciento del azúcar que se consume en México proviene de las bebidas azucaradas y es algo que tiene que atacarse. Previo a este gravamen se desencadenó una campaña argumentando que el impuesto no servía: que impactaría en una pérdida masiva de empleos y que los afectados serían la gran masa de pobres que son los principales consumidores.

Empresas acosadoras

Entre la lista de enemigos del gravamen a las refresqueras estaban poderosas firmas multinacionales de relaciones públicas, entre estas Burson- Marstellers, una empresa estadunidense de Relaciones Públicas, de las más importantes del mundo, que ofrece servicios de manejo de crisis, relación con medios, entrenamiento de voceros, comunicación interna y estrategia digital.

Se sabe que en las décadas de 1970 y 1980, esta compañía organizó la campaña de la dictadura militar argentina (1976-1983) destinada a impedir las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y habría sido la autora del conocido eslogan pro-dictatorial «los argentinos somos derechos y humanos», según se consigna en Wikipedia.

En el libro La Doctrina del Shock,  la escritora y activista canadiense Naomi Klein, comenta que Víctor Emmanuel, el ejecutivo de Burson-Marsteller que estaba a cargo de vender al mundo el nuevo régimen favorable a las empresas de la junta de Argentina, le contó a un investigador que la violencia era necesaria para abrir la economía “proteccionista, estatista” de Argentina.

 

 

 

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