Reincidencias y mala administración del dinero federal, detecta la ASF en revisiones a la cuenta estatal de 2012
Nelda Ortega
Por encontrar inconsistencias, y mala administración de recursos federales del ejercicio 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió dos dictámenes negativos al gobierno estatal.
Entra otras observaciones, el gobierno que encabeza Mario López Valdez recibió la recomendación para que se investigue e inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de servidores públicos que no establecieron los medios de control en la administración de recursos federales.
En la mayoría de los casos la ASF observó que se trata de reincidencias que fueron observadas en la revisión de la cuenta pública del 2011, en una de ellas incluso presentó denuncia de hechos.
El recuento
Del informe revisado por Ríodoce, con fecha de febrero de 2014, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la ASF determinó 21 observaciones de las cuales sólo tres fueron solventadas por el gobierno de Malova antes de la integración del informe.
Se hicieron 18 observaciones más, que generaron cinco recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, una solicitud de aclaración y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de diez pliegos de observaciones y una denuncia de hechos.
Ante ello, el gobierno estatal remitió la documentación certificada emitida por Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (Sepdes) para la justificación y aclaración de los resultados, con fecha 28 de octubre del 2013.
A pesar de ello, la ASF presentó la denuncia de hechos 12-0-17100-14-0531-09-001 por las irregularidades detectadas.
La ASF observó que se abrió una cuenta específica para el manejo de los recursos del fondo para el ejercicio fiscal 2012 y sus rendimientos.
Entre las irregularidades, está que la Sepdes no ejerció la totalidad de los recursos del fondo, generando un subejercicio por 38 millones 230 mil pesos al 28 de febrero de 2013; además, la entidad no proporcionó la programación de los mismos.
En el sistema de movimientos de personal se detectó que no se observa la normativa en el proceso para comisionar al personal sindicalizado; los pagos al personal no se efectúan en su totalidad por vía electrónica; los gastos de operación reflejan pagos por conceptos de construcción de edificios, cuotas de mantenimiento y conservación; además existe mezcla entre los recursos federales y las aportaciones estatales.
Otro señalamiento es que no existen registros específicos que permitan identificar el origen, aplicación y destino de los recursos del fondo, por lo que emitieron al gobierno estatal la recomendación 12-A-25000-14-0531-01-003 para que, en ejercicios posteriores, los pagos efectuados con estos recursos sí queden debidamente registrados.
Ejercicio y destino de los recursos
De acuerdo con el informe, el estado ejerció en 97 trabajadores 14.9 millones de pesos, pero éstos funcionarios estuvieron adscritos a 16 centros de trabajos que no se encuentran vinculados con la educación básica o la formación de docentes.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones de éste y otros casos similares con lo que solventó parcialmente la observación.
Sin embargo, se realizaron pagos a 6 mil 654 empleados, por 151 millones 987 mil pesos en seis categorías que no fueron localizadas en el catálogo de puestos de la entidad.
Sin cuidar la normatividad para este ejercicio, el estado pagó a 49 mil 437 trabajadores (31 mil 840 administrativos y 17 mil 597 docentes), por un importe bruto anual de 160 millones 319 mil pesos.
Los conceptos van desde ayuda de gasolina, estímulo anual del Día del Administrativo, bono económico de estímulo, bono anual para no docentes, pasando por compensación anual al desarrollo administrativo, compensación garantizada, hasta ayuda para llantas de supervisores, para aparatos ortopédicos y personal que cubre a comisionados.
Dictamen: negativo
La ASF considera que en términos generales, el gobierno estatal no cumplió con las disposiciones normativas aplicables.
Destacan, por ejemplo, transferencias de recursos del FAEB 2012 a cuentas pagadoras globales estatales 2011 por 509 millones de pesos; pagos a categorías no localizadas en el catálogo de puestos de la entidad por 151 millones; pago de percepciones a trabajadores sin normativa por 160 millones, y pagos por gastos de operación no financiables con el FAEB por 49 millones de pesos.
La marca de Armando Villarreal
Los resultados de la evaluación del control interno aplicado a las áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado (SAF), encargada de administrar y ejercer los recursos federales transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación, mediante los Convenios de Apoyo Financiero, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio.
La SAF, cuyo titular es Armando Villarreal, no demostró que los rendimientos financieros generados por los Convenios de Apoyo Financiero se comprometieron, devengaron o reintegraron a la Tesorería de la Federación, ni proporcionó pólizas contables ni auxiliares de registro de los recursos federales transferidos, ni de la transferencia de dichos recursos a los organismos ejecutores del gasto.
La ASF considera que el control interno es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de regulación sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos de los convenios, la normativa y la transparencia.
Para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en Sinaloa, la SEP y el Gobierno del Estado celebraron tres Convenios de Apoyo Financiero con recursos públicos federales por los montos de 4 millones 846 mil pesos, 75 millones de pesos y 650 millones de pesos.
Los dos primeros con fechas 30 de julio y el tercero el 12 de diciembre de 2012, que totalizan 729 millones 846 mil pesos, los cuales fueron ingresados cada uno, en una cuenta bancaria productiva y específica, que generaron rendimientos financieros. El tercer convenio no los generó debido a que el recurso se transfirió a otra cuenta el mismo día que ingresó.
La auditoría señaló que no se asegura la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos y emitió la promoción de responsabilidad administrativa y sancionatoria 12-9-11100-02-0732-08-001 ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública.
El objetivo de este nuevo recurso fue que realice las investigaciones de los servidores públicos que no incluyeron en los convenios de Apoyo Financiero el nombre del programa presupuestario al que corresponden los recursos, ni se especificaron los fines en que pueden aplicarse.
Dictamen: negativo
La ASF considera que en términos generales el gobierno de Sinaloa no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan 729 millones 846 mil 500 pesos por falta de documentación comprobatoria de los recursos federales transferidos a través de los tres Convenios de Apoyo Financiero.
Para solventar las observaciones de esta auditoría, el gobierno estatal envió el 18 de diciembre del 2013 el oficio UTRC/DAG/344/2013 en el que adjunta en copia certificada la determinación para conformar el expediente administrativo UTCR-DRSP-415/2013, para investigarlo.
La secretaría de finanzas ha sido en los últimos tres años la dependencia estatal más observada por las revisiones que realiza, por su cuenta, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Y hasta se ha adelantado ya que podrían fincarse sanciones penales en contra de algunos funcionarios estatales.
