Aún cuando diversos estudios descartaron la hipótesis de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron calcinados en un basurero localizado a 30 kilómetros de Iguala, el fiscal especial, Alfredo Higuera Bernal, dio a conocer que buscan realizar un nuevo peritaje en dicho lugar.

Diversos medios nacionales informaron que el sinaloense declaró que el nuevo peritaje, que sería el quinto realizado en dicho sitio, es  pertinente para aclarar “definitivamente un asunto que ha sido controvertido”.

“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pero este es un apartado.., no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello”, informó The Associated Press.

Las nuevas indagatorias se realizarán con acuerdo de los padres de los estudiantes.

El Universal señaló que ha nuevos datos contradicen afirmaciones del ex procurador, como por ejemplo las referidas a que los teléfonos de los alumnos fueron quemados junto con los cuerpos en el basurero.

Higuera indicó que cerca de una docena de celulares se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los autores del ataque.

Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre el posible lugar de la desaparición, que sumado al uso de la nueva tecnología de rastreo terrestre ha ubicado cientos de sitios donde se iniciarán en breve nuevos operativos de búsqueda.

El fiscal también indicó que se investigan todos los indicios aportados hasta el momento tanto por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, está colaborando en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona que habrían sido manipulados.

La Jornada mencionó que los alumnos fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cártel de Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la fiscalía cuestionaron la versión oficial y aseguraron que no había pruebas que pudieran concluir que los jóvenes fueran quemados en el basurero. También denunciaron a funcionarios de distintos niveles del gobierno por obstruir la acción de la justicia.